Por: Primitivo Ríos

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta pública a todos los titulares del poder ejecutivo de los estados del país con una atenta recomendación, con miras a las próximas elecciones y con el más sincero propósito de establecer, en definitiva, una auténtica democracia en nuestro país.

Convoca a todos los mandatarios a la construcción de un Acuerdo Nacional por la Democracia y dejar atrás los fraudes electorales e imposición de autoridades ilegitimas que por décadas han beneficiado a las élites políticas y grupos de interés económico.

Se trata, en pocas palabras y con toda claridad, de asumir que la democracia verdadera y elección de autoridades y representantes populares, es un derecho constitucional inalienable del pueblo mexicano para ejercerlo en plena libertad, sin presión ni represión alguna. Esto para contar con autoridades y representantes populares con amplia aceptación ciudadana y verdaderamente legítimas.

En Durango el Gobernador debe responder afirmativamente a la convocatoria hecha por el presidente López Obrador y participar activamente en la construcción del Acuerdo Nacional por la Democracia. Con ello garantizar el ejercicio pleno, libre y soberano del pueblo a votar y ser votado.

Ya se observa el ejercicio de acciones propias de la cultura electoral fraudulenta en los partidos políticos PRI-PAN: desvío de recursos públicos para la repartición de despensas, compra ilegal de espacios en medios de comunicación para la promoción electoral, ejecución de obras de infraestructura y programas sociales con fines claramente electorales, eventos de inicio e inauguración de obras de infraestructura y programas sociales con el mismo fin, intentos fallidos del Gobierno por adjudicarse la vacunación contra la COVID-19, entre otros.

Es decir, PRI-PAN están haciendo lo mismo de siempre para supuestamente ganar la elección de junio: armar la estructura financiero-política-jurídica que les permita llevar a cabo un desmesurado e ilegal fraude electoral y ganar a la mala.

Mal se verá el Gobernador si no es partícipe de esta convocaría presidencial para la realización de elecciones limpias, transparentes, legales y con respeto absoluto a la decisión del pueblo.

Por último, hay que señalar que el fraude electoral y el desvío de recursos públicos municipales, estatales y federales, así como la utilización de dinero negro en los procesos comiciales ya están considerados en las leyes respectivas como delitos graves, sin derecho a fianza y de resultar culpables con penas privativas de la libertad, terminar purgando la sentencia en la cárcel.

Por el bien del pueblo, del estado de derecho y por la verdadera democracia electoral, el Gobernador debe ser uno de los principales promotores de participar en el fin del periodo negro del fraude electoral.

Por: @Primitivo_Rios