Por: Sergio Díaz Rutiaga

En las sociedades actuales, la participación equilibrada entre hombres y mujeres en cualquier esfera social esta considera como un indicador de la calidad y desarrollo democrático de los países, se busca que la composición de la sociedad sea reflejada de mejor manera, tratando de eliminar la idea de que la política es solo cosa de hombres. Debemos, por lo tanto, partir de la idea de que la democracia se fundamenta en el derecho al voto, el cual es considerado como la expresión de la voluntad de la ciudadanía, desde luego, cuando ésta sea libremente expresada y mediante la cual se garantice la participación de hombres y mujeres por igual.

A este respecto, desde los años 90, las autoridades electorales de nuestro país han intentado implementar algunas acciones afirmativas para lograr que las mujeres no solo se limiten a acudir a votar sino que también compitan en cargos de elección popular, partiendo del reconocimiento del derecho que tienen de ocupar en igualdad de condiciones todos los espacios; no obstante, sabemos que el poder y la Ley han sido históricamente masculinos, lo que ha sido un freno y ha dado como resultado un menoscabo constante a los derechos de las mujeres, en tal sentido, el principio de igualdad jurídica a la fecha no ha sido una realidad, ya que aunque las mujeres han sido incluidas en puestos de elección popular, históricamente lo han hecho en condiciones de inequidad y subrepresentación política; por este motivo, sigue siendo una necesidad que la igualdad formal prevista en la Ley se convierta en igualdad material en los hechos; es así que en junio de 2019, se llevó a cabo una reforma constitucional al artículo 35, mediante la cual se pretende garantizar igualdad de oportunidades para mujeres y hombres con igualdad de posibilidades de ganar; como consecuencia, recientemente el Consejo General del INE aprobó un acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos para lograr la paridad de género, determinando que al menos siete pudiendo ser ocho, de cada 15 candidaturas que postulen los diferentes partidos políticos para las gubernaturas en 2021 sean ocupadas por mujeres, situación que deberá aplicar en lo sucesivo.

Esta disposición es sin lugar a dudas un gran avance en la evolución social del país que contribuye a disminuir y en su caso eliminar la brecha de desigualdad y discriminación en nuestra sociedad, así como incluir activamente no solo a las mujeres sino a otros grupos en situación de vulnerabilidad. Asimismo, es innegable que estas nuevas reglas obligan a los partidos políticos a actualizarse y dar cumplimiento al principio de igualdad de participación e inclusión fomentando la creación de cuadros de mujeres, lo que resulta totalmente necesario, ya que su participación en espacios de elección popular, les permitirá a nivel personal, plantear y defender sus necesidades y perseguir sus propios intereses y a nivel social proponer, desde su óptica, mejoras que redunden en el bienestar y desarrollo integral de las familias, contribuyendo así a la construcción de una mejor sociedad, más tolerante e incluyente.