Por: Fhernanda Simental L.

Cobijados por la noche, para que los ciudadanos no se den cuenta del madruguete, los diputados locales de Baja California, pasando por alto la resolución establecida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aprobaron la iniciativa que presentó el diputado morenista Víctor Morán con 21 votos a favor, uno nulo y ninguno en contra, para que el gobernador electo Jaime Bonilla, que ganó la contienda tan sólo con el 25 por ciento y el 68 por ciento de abstención, gobierne no por dos, sino por cinco años.

Seguramente ustedes, amables lectores, les ha pasado en algún momento de la vida, que compran un servicio o un artículo, puede ser cualquier cosa, y se dan cuenta que fueron timados, pues el servicio que contrataron no cumple con lo que ofreció (¡saludos compañía de internet que nunca cumples con tu cobertura!), el artículo que compraron no sirvió ni hace lo que promete en el comercial, o la tarifa de promoción tenía letras pequeñas y se va a pagar un producto más de lo convenido, en estos casos uno puede acudir a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y poner una queja/denuncia sobre la estafa, ¿pero, qué pasa cuando el que nos engaña es un funcionario electo?

Pues bien, supongo que así de timados se sienten los amigos bajacalifornianos, pues no se utilizan los mismos criterios para elegir a alguien por dos años que por cinco. Que este hecho no tenga consecuencia y prosiga, sentaría un lamentable y grave precedente para la vida democrática del país, pues es a todas vistas violatorio e ilegal, pero además, pone en tela de juicio el proceder de los diputados ¿qué hay detrás de esta decisión obtusa y atrabancada que atropella los principios democráticos? Muchos están hablando ya de compra de conciencias, y no se habla de pesos, sino dólares, para ser exactos, un millón por piocha.

Esto además, agarró en curva a los presidentes nacionales de los partidos de oposición: El PRI (tibiamente) aseguró que investigarán a través de su Comisión Nacional de Justicia Partidaria el proceder de sus legisladores y resolverá su expulsión; en el mismo tono, el PAN a través de su dirigente Marko Cortés informó que siete de sus diputados bajacalifornianos estarán en proceso de expulsión y ya están sus casos en la Comisión de Orden y Disciplina del partido, aunque, con los otros dos diputados de su bancada no pueden hacer nada, pues no son militantes. Al parecer, los únicos que ya expulsaron del partido a su diputado local fueron los de Movimiento Ciudadano, que actuaron de inmediato y sin miramiento.

Esta decisión del Congreso de Baja California sin duda sacudió la vida política del país, por lo que previniendo un caos aún mayor y proyectando un fuerte escenario de confrontación, Porfirio Muñoz Ledo, con la sabiduría que dan los años y un colmillo largo, ha dado a conocer que se analiza entre Cámara de Diputados y Senado, la desaparición de poderes en Baja California ante la crisis constitucional.

Muñoz Ledo, quien es el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados ha dado el manotazo sobre la mesa y ha dicho que ante el gravísimo e insólito actuar de los legisladores bajacalifornianos, digno del siglo XIX, se podrían desaparecer los poderes, pues esto está contemplado en la fracción Quinta del artículo 56 de la Constitución. Ante esto, parece que el tema Baja California nos tendrá ocupados esta semana que viene y se deberá de estar atento, pues lo que ahí se resuelva, tendrá repercusiones importantes en la vida democrática nacional.

Twitter: @Fher_Turkita