Por: Erick R. Solís Tavizón

El pasado jueves tuve la oportunidad de asistir a la presentación de tres obras literarias presentadas por los maestros y jueces, Manuel Valadez Díaz, Carlos Enrique Guzmán González y Guillermo Díaz Hernández; a dicho encuentro acudieron la primera plana del gremio jurídico de nuestra entidad, encabezados por el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Ramón Guzmán Benavente, además, liderazgos reconocidos del foro jurídico, como el presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados de Durango, Gustavo Gamero Luna, y otras grandes personalidades de juristas que se dieron cita a escuchar interesantes ponencias de parte de los anfitriones.

El tema principal: El derecho penal, una materia por más de interesante y necesaria en un país escaso de procuración y administración de justicia, en donde a pesar de que contamos con una reforma penal reconocida mundialmente desde su promulgación, existen aún carencias y retos que pueden llevar a que no solo en Durango sino en todo el país, tengamos un sistema penal acorde a las necesidades sociales.

El 18 de junio de 2008, nuestro país despertó con lo que se ha considerado la reforma más importante en materia penal de la historia de México, pues se implementaba el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio. Pero ¿Qué implicarían dichos cambios a la Carta Magna? Implicaría modificaciones normativas, generación y modificaciones de infraestructura, desarrollo de modelos de gestión distintos, capacitación a miles de operadores y difusión de un nuevo modelo de justicia entre la población, junto con muchas cosas más.

La reforma ante todo, deja establecido un proceso penal de corte acusatorio y oral, que busca cumplir con los principios en materia de derechos humanos que se encuentran inscritos en distintos instrumentos internacionales.

En este contexto, las víctimas de un delito toman un papel fundamental en el proceso. Su voz y participación se notan e incluso, pueden inconformarse ante las decisiones del Ministerio Publico. Por ello, uno de los cambios fundamentales en el nuevo modelo penal es brindarle un acceso efectivo a la justicia y la pronta reparación del daño.

Dicho lo anterior, el objetivo principal de la Reforma fue dar un sentido más humano a la justicia penal; más cercana a la gente. Que fuera respetuosa de los Derechos Humanos, confiable y oportuna para la ciudadanía. El nuevo modelo buscaría impartir, ahora sí, una justicia expedita y gratuita con base en un modelo eficaz, orientado al esclarecimiento de los hechos y no a defender una confesión; a la reparación del daño y no al castigo del infractor; a proteger a los inocentes y no a promover la impunidad.

A pesar que se cumplieron 13 años desde su implementación, aún hay mucho camino por recorrer; se deben redefinir las metas operativas que se tenían al principio de la Reforma y, a partir de la experiencia adquirida, definir nuevas expectativas de la operación del Sistema de Justicia, de acuerdo a las circunstancias del país. La justicia está en constante evolución. Por ello, se deberá continuar trabajando para ajustarla a las condiciones de cada entidad, de cada región y de todo el país.

ES Cuanto.

Twitter: @ErickSolisT