Por: Erick R. Solís Tavizon

La Ley es una de las fuentes del derecho (es decir de donde nace) y es tan solo, uno de los referentes normativos de todo ordenamiento jurídico, pues su composición tiene una jerarquía de tipo formal y material, según el tipo de acto y la autoridad que la expide.

“Dura Lex, sed Lex” es un principio general del derecho, proveniente del derecho romano, que puede traducirse como “La Ley es Dura, Pero es la Ley”. Se refiere a que la aplicación de la Ley es obligatoria y debe cumplirse por todas las personas. Cuando nos referimos a personas debemos entenderlas como naturales y jurídicas y allí entra el mismo Estado.

Resulta interesante contextualizar lo expuesto con lo que acontece en la actualidad en nuestro entorno; sin duda uno de los problemas más grandes que tiene el país y Durango es la corrupción, un problema que no solo es tema mediático o una bandera política que utiliza quien despacha en Palacio Nacional, es un delito, mismo que se encuentra tutelado en el titulo decimo, del capítulo primero del Código Penal Federal.

La Secretaría de Gobernación define a la corrupción como el abuso del poder para beneficio propio. Puede clasificarse en corrupción a gran escala, menor y política, según la cantidad de fondos perdidos y el sector en el que se produzca.

En México hay cuatro vías legales para castigar la corrupción: Penal, administrativa, civil y la del juicio político. De éstas, las dos primeras han merecido mayor atención en lo que se refiere al estudio de la corrupción. El juicio político se da solo en circunstancias extraordinarias y está reservado para funcionarios que disfrutan del fuero que les otorga la Constitución. Por su parte, la “corrupción en materia civil” y sus sanciones se encuentran dispersas en ramas asociadas con el derecho fiscal y mercantil.

En días pasados Coparmex, hizo del conocimiento público los resultados de la encuesta #DataCOPARMEX misma que aplica de manera cuatrimestral a miles de socios repartidos en 65 centros empresariales del país, en este ejercicio se  pregunta de manera anónima a los agremiados si algún servidor público, tercera persona, o algún intermediario intento apropiarse de algún beneficio de parte de la empresa, ya sea dinero, regalos o favores, para permitirle realizar, agilizar o evitar tramites, multas o pagos. Otro cuestionamiento fue en que nivel de gobierno se considera que hay más corrupción en el país.

Según dicha encuesta el nivel de gobierno en donde mas se experimentan actos de corrupción es en el municipal con un 36 por ciento, seguido del estatal con un 29 por ciento y por último del federal con un 17.

A comparación del año pasado que según la misma publicación indico que el porcentaje de empresas que experimentaron corrupción el 2019 en el segundo cuatrimestre fue 37 por ciento, mientras que para 2020 en el mismo periodo se redujo a 34 por ciento. No obstante, la organización enfatizó que la reducción es pequeña; aún más de un tercio de empresarios son víctimas de la corrupción.

Asimismo, la disminución no es generalizada. En los estados de Durango, Tlaxcala, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Hidalgo, Veracruz y Sinaloa aumentó esta práctica. El más dramático ocurrió en aquí, en Durango, que pasó de 29 por ciento de socios afectados a 62 por ciento. En tan solo un año aumento más de 33 puntos porcentuales.

Al igual que en todo el país, Durango cuenta con sistema local anticorrupción, es un organismo “autónomo” en donde su titular es designado por el congreso, su principal tarea entonces sería la de luchar contra la impunidad, el tráfico de influencias y todos esos delitos expuestos en diferentes las diferentes leyes, esos mismos problemas que nos colocan como una de las entidades federativas más corruptas del país y que han impedido que exista un verdadero desarrollo social y económico. El fiscal anticorrupción debería tenerlo en cuenta, además, debería recordar que juro ante el pleno y ante los duranguenses “Cumplir y hacer cumplir la Ley” esa misma Ley que es dura, pero es la Ley.

Twitter: @ErickSolisT