Por: Erick R. Solís Tavizón

Ignoranitia juris non excusat. Es un principio general del Derecho que indica que el desconocimiento de una Ley o norma no sirve de excusa para su incumplimiento.

Pero, ¿Como cumples algo que no conoces? O ¿Cómo das fuerza social al derecho, si parte del sentido útil de éste surge, si y solo si, la persona a quien se aplica comprende los beneficios que hay en cumplir una norma?

Se pueden encontrar algunas similitudes en la forma que se impone y se reproduce el derecho en nuestro país. Pues, diariamente se publican, modifican y derogan leyes, reglamentos, circulares, convenios, tratados y todo tipo de reglas que son conocidas principalmente por quienes las llevan a cabo, pero no, por la mayoría de la población.

La carga de su cumplimiento se ha impuesto durante siglos solo a los gobernados, dando por sentado que son las únicas personas que incumplen las normas, Pero ¿Qué pasa cuando las autoridades son los que “ignoran” la Ley? ¿es válido eximirles su cumplimiento? ¿tienen la obligación de desconocer el derecho? En lo personal creo que no, al contrario, en la autoridad se sienta más la obligación de conocer la Ley pues en ellos recae la responsabilidad de aplicarla y darla a conocer.

La Ley se aplica con todo el rigor para los gobernados o justiciables, sin importar si la conocen o no; se imponen sanciones que en gran parte de los casos derivan precisamente de haber desconocido las normas jurídicas. Sería justo entonces, que también la autoridad que no conoce y no aplica el derecho que deberían de conocer, sean sancionadas, pues esta deficiencia impacta directamente en la calidad y completitud de la justicia que se imparte.

Si se mantiene la vigencia de este principio – ya sea porque se considere que da estabilidad al sistema jurídico o simplemente porque “así ha sido siempre”, como muchas cosas en nuestro país- al menos debe darse una lectura integral y no discriminatoria a su contenido, la cual sería congruente con la Constitución y los tratados internacionales.

Bastaría con leer el párrafo segundo de nuestra Carta Magna el cual a la letra expone: Los ejecutivos de las entidades federativas, Diputados locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, así como los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía, solo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este Título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda.

Últimamente la función pública en nuestro Estado se ha visto inmersa en temas que tienen que ver con todo menos con su función principal, que es la de gobernar y hacer que las leyes se apliquen para los gobernados; pues han sido varios los escándalos en los que se has visto involucrados actores de la talla del Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el doctor en Derecho Esteban Calderón Rosas, quien ha sido acusado por diferentes delitos ante la Fiscalía Anticorrupción, o bien, en días pasados también el alcalde capitalino Jorge Salum, acusado de violar la Constitución y la Ley Electoral  al asistir a un evento político de una precandidata.

Para la Constitución no hay personas de primera o de segunda clase, nadie está por encima de la misma, y se tiene que aplicar de igual manera para todas y todos, ambos temas se encuentran en la cancha del Congreso del Estado, y depende de ellos no solo que se aplique la Ley, sino que se haga justicia de igual manera como se aplica a los gobernados, pues, aunque se ignore, la Ley se tiene que cumplir.

ES Cuanto.