Por: Erick R. Solís Tavizon

En toda nación democrática es fundamental consolidar el libre ejercicio de los derechos civiles y políticos de las mujeres y los hombres en igualdad de circunstancias y condiciones; uno de ellos es reunirse o asociarse pacíficamente para tomar parte en los asuntos políticos del país, así como, votar y poder ser votado para todos los cargos de elección popular, siempre y cuando se cumplan las normativas vigentes.

Los derechos político-electorales se ejercerán libres de violencia política contra las mujeres en razón de género, sin discriminación por origen étnico o nacional, genero, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

La violencia política contra las mujeres en razón de género: es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, así lo tutela la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia.

Resulta muy importante destacar, que la normativa sancionará a quien divulgue mensajes, imágenes o información privada de la vida personal de las mujeres, lo cual resulta fundamental para garantizar su seguridad personal y familiar.

Dicha Ley también reglamenta y sanciona a quien publique propaganda que degrade o denigre a la mujer, publique datos falsos, lo cual se alinea a la figura de “daño moral” que contempla el Código Civil, y ahora la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

En días pasados, trascendido que la candidata por la coalición Va por Durango al Distrito V local, valoraba interponer una denuncia por haber sido víctima de violencia política de genero ante la autoridad correspondiente; es importante mencionar que señalar un acto de corrupción, o tráfico de influencias, no es un acto de violencia política de género, ni se tipifica como delito. El denunciar, es un derecho que tenemos todos, y las autoridades jurisdiccionales son quienes deben, (derivado a una investigación), de ejercer las acciones legales correspondientes conforme a derecho, si es que existe o no, un acto que la ley enmarque como delictivo.

El hecho de haber denunciado el famoso “Sedecogate” y otros actos de corrupción no se pueden considerar ni manejar como un hecho delictivo, (al contrario). Presentar la denuncia por violencia política en contra de la candidata, posiblemente se trate de una estrategia política, pero y como dije en versiones anteriores de esta columna, no es bueno que se utilicen mecanismos de procuración y administración de justicia como estrategia política, ya que, no solo demuestran desesperación de quien las utiliza, sino su falta de conocimiento del derecho, y de esas leyes que estarán en sus manos (si el voto de la gente así lo decide). Sería inverosímil dicha situación pues ¿Qué el conocimiento, la promoción y la reforma de leyes, no una de las funciones principales del legislador?

Se tiene que hacer un llamado a la sociedad, para que impulsemos a la mujer a participar en el ámbito político, administrativo e institucional, por capacidad, y liderazgo propio, quienes merecen ser incluidas, toda vez que los espacios se los han ganado con el trabajo y el esfuerzo de muchos años, así mismo, debemos exhortar a los partidos políticos a ser más incluyentes con las mujeres de trayectoria y de trabajo ganado a pulso, que se abran las puertas a aquellas mujeres que su trabajo y esfuerzo ha sido su único aval, sin padrinazgo ni compadrazgo.

Y cuando se les elija; que aquellas mujeres sean responsables, cumplan con la expectativa para la que fueron elegidas, y hagan a un lado estas estrategias que solo aumentan el abstencionismo y el hartazgo de la clase política.

ES Cuanto.

Twitter: @ErickSolisT