Por: Erick R. Solís Tavizón

El litigio en materia penal siempre trae consigo cuestiones que no dejan de sorprendernos, y desde que somos estudiantes de Derecho nos vamos dando cuenta del funcionamiento de nuestro sistema de impartición de justicia. En uno de los primeros casos en los que tuve la oportunidad de ser parte, representamos a una joven mujer víctima de un delito provocado por un hombre de su edad. Sería muy difícil narrar en este espacio el crimen cometido, sin embargo, se puede decir que fue un hecho verdaderamente violento. El primer error fue que el Ministerio Publico calificó mal el delito y lo primero que se litigó fue el cambio de la acusación del representante social.

Se tuvo que pelear en tribunales para que la caracterización del delito fuera la correcta, al final se consiguió y se hizo una justa acusación por parte del Ministerio Publico. El delincuente escapó y fue capturado en un municipio aledaño a la ciudad Capital para enfrentar juicio. Una de las alternativas que nos da el nuevo sistema de justicia penal y la propia Constitución, es la solución de problemas a través de acuerdos; desafortunadamente en este caso, el abogado defensor no quiso llegar a uno respecto a la reparación del daño, lo que hizo que se retrasara más llegar al proceso judicial, además, y para sorpresa de todos, algunos sectores y comunidad política no mostró sanción y rechazo por los hechos, incluso y por más increíble que parezca, hubo ciertos argumentos a favor del agresor.

Fue un lunes el día señalado para que iniciara el proceso, el abogado particular del agresor renunció a su representación, lo que atrasó aún más las cosas. Sin embargo, tiempo después, se pudo llegar a un acuerdo con el abogado de oficio, y el delincuente se pudo apegar a los beneficios que le permite la propia Ley. Él había pasado un tiempo en prisión y ahora reparaba el daño en términos económicos. El atacante pudo, de algún modo, reinventar su vida en prisión. En el entendido que ahora es una mejor persona y que este amargo episodio de su vida es cosa del pasado, sin embargo, para la víctima no fue así.

La víctima del delito tuvo un desgaste considerable en el proceso judicial y el evento delictivo la cambió por completo. Ella ya no podía vivir su vida ni la pudo reinventar. El daño por el retraso de justicia fue demoledor, me atrevería a decir que sigue viviendo este lapso en tiempo presente. Pero ¿Por qué mencionar todo esto?

Por la necesidad que tenemos todos como sociedad de que las Fiscalías entiendan que los procesos judiciales desgastan a las víctimas, que se necesitan instrumentar procesos de apoyo que vayan más allá del plano jurídico, y que la reparación del daño económico solo es un aspecto dentro del abanico de posibilidades de reparación. El tiempo que el acusado pasó en prisión, no compensó ni reparó el daño emocional a la víctima, lo que demuestra una vez más que la cárcel, no es un proceso de reparación para todos los ofendidos.

La fiscalía no cumple del todo con su trabajo cuando obtiene una sentencia condenatoria si la victima ha sufrido un daño psicológico por el propio proceso judicial, la reparación del daño en términos económicos tarda años. Aunque hay considerables avances en materia de atención y protección a víctimas, la reparación del daño en términos de justicia podría ser mejor, un primer paso es que los procesos sean lo más rápidos posibles, tanto para el acusado como para la víctima, además, reiterar la importancia de que la sociedad entienda lo grave que es la violencia de genero. Ni una sentencia condenatoria ni una reparación del daño son sinónimos de justicia. Hay muchas leyes y políticas públicas a favor del acusado después que compurgar su pena y esto es bueno, sin duda, pero necesitamos que exista más legislación a favor de las víctimas del delito una vez que se cierra el proceso judicial.

ES cuánto.

Twitter: @ErickSolisT