Por: Erick R. Solís Tavizón

En las primeras elecciones del siglo XIX se incorporaron en su legislación figuras jurídicas que establecían penas como la prisión a ciertas conductas que pudieron en su momento haber quebrantado la voluntad del pueblo.

El país tuvo que atravesar por diferentes procesos que incorporaron tipos penales electorales, sin embargo, fue hasta el año de 1993 cuando los delitos electorales ocuparon un espacio particular en el sistema electoral de México.

Pasaron entonces casi dos siglos para que el desarrollo de los delitos electorales en México tuviera un espacio en la agenda política y electoral. El Estado consideró como opción mas transitable establecer penalidades hacia las conductas que vulneran de forma grave los procesos electorales. Para garantizar lo anterior en 1994 se creo la Fepade como una instancia que complementaria la llamada trilogía electoral. (Sistema gobierno, Sistema electoral y partidos políticos).

Ahora bien, ¿Cuál es el papel del derecho penal en las elecciones?  La doctrina indica que la responsabilidad del derecho penal es sancionar las conductas que afectan a la vida, la integridad física, el patrimonio y la libertad de las personas. Además, gracias a este, el Estado tiene la facultad de establecer penalidades de manera severa, como la prisión.

Los delitos electorales violan una garantía política como es el derecho fundamental que tienen las personas a elegir de manera libre y secreta a sus gobernantes. Este hecho representa una de las mayores responsabilidades públicas, pues se trata de contiendas abiertas en donde se le pregunta a la gente quien será su representante y bajo que condiciones lo hará, violentar este derecho equivale a romper uno de los ejes fundamentales en cualquier democracia. En lo que respecta a la pena, la sanción máxima, podría alcanzar los 15 años de prisión de acuerdo a lo que establece la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

El derecho penal electoral representa el último camino que tiene el Estado para sancionar y evitar conductas que afecten de manera grave a los procesos electorales. Claro, lo ideal sería que no se cometieran. En Europa, por ejemplo, son contadas las denuncias que se presentan por la comisión de delitos electorales, por ello no existen fiscalías especializadas en la materia; en cambio, en nuestro país, son miles las denuncias que se presentan en cada proceso.

La elección del próximo año representará un monumental reto para las instituciones del Estado y la ciudadanía en general, ya que se elegirán de forma simultánea los representantes de la cámara baja, 15 gobernaturas, 30 congresos locales, mil 900 ayuntamientos y juntas municipales, además, se prevé la participación de más de 94 millones de hombres y mujeres inscritos en el padrón electoral. Se trata de una elección histórica y sin precedente, por su magnitud y expectativa de participación social y política.

Es responsabilidad de todos votar y no dejarse intimidar ante mecanismos de coacción, amenaza o condicionamiento. Es responsabilidad de cada persona sufragar de manera libre; intentar influir de forma ilícita en el sentido del voto, denigra el ejercicio político. Esta elección representa para la justicia penal electoral una alta responsabilidad para la investigación de las conductas delictivas, el seguimiento de las causas judiciales, a través de la profesionalización del personal, de la coordinación con entidades federativas, municipios, instituciones electorales federales y locales. Todo ello será posible si los electores denuncian cualquier acto que vulnere su derecho al voto.

Además, la justicia electoral tiene otro reto de suma importancia: una efectiva prevención de los delitos electorales. Es necesario avanzar en el blindaje de los programas sociales para evitar su uso político y electoral y en la duplicidad de credenciales para votar, capacitar a los funcionarios en la prevención y denuncia de este tipo de delitos, y acercar conocimientos a la ciudadanía sobre sus derechos civiles y políticos. Lo anterior es parte de una cultura jurídica que contribuye a la legalidad pública de las elecciones. Vivir en un estado democrático es tarea de todos pues en la democracia se establecen nuestras libertades y capacidades de generar un modo de vida fundado en los valores y práctica de la equidad, la inclusión, la igualdad, y el estricto respeto a los derechos humanos.

Twitter: @ErickSolisT