Por: Erick R. Solís Tavizon

En muchos países del mundo la columna vertebral de la democracia es su Constitución, y en el nuestro no es la excepción, misma que hoy, cumple 104 años de vida.

Obviamente, el texto original ha sufrido reformas estructurales y ajustes progresivos, que, en conjunto, nos dan hoy una base exigible de derechos y libertades que antes de la Revolución Mexicana o incluso en las últimas décadas del siglo XX se veían muy lejanas.

En el camino de este progresivo desarrollo constitucional se han cosechado diversos avances; por ejemplo, la apuesta por un modelo que garantice la pluralidad en espacios legislativos, avances en materia de transparencia y rendición de cuentas, la implementación de un nuevo sistema de impartición de justicia oral, sin mencionar el avance que se presentó en 2011, mismo que potenció los derechos humanos incorporando el principio pro persona desde el artículo 1, con el que abre nuestra Carta Magna vigente.

Sin embargo, hay todavía una distancia considerable entre los anhelos de justicia social que se plasmaron en el Teatro de la Republica en 1917. Aquellas conquistas innegables de papel constituyente, como las jornadas laborales de ocho horas con un salario digno en los artículos 5º. y 123º.; o la educación laica, obligatoria y gratuita expuesta en el artículo 3º. enfrentan déficits que necesitan recorrer todavía un largo camino para traducir la justicia impresa en una realidad de todos los días.

Estudios realizados por la OCDE publicados anualmente, muestran que México tiene más del 57 por ciento de los trabajadores con empleos informales, ¿Cómo aplicar con efectividad, a 104 años de distancia, ese paquete de garantías que se incluyeron en los artículos 5º. y 123º. en la Constitución de 1917? Llevamos más de un siglo con una normativa de justicia laboral que no sabe cómo cargar la estadística a su favor; aunque haya significado un enorme avance su aprobación, en el camino sus reformas y cambios no terminan por traducirse en una realidad para millones que día a día cargan con la realidad del trabajo informal.

Ahora bien, la educación laica, gratuita y obligatoria expuesta en el 3º. Constitucional, tampoco termina de reflejarse del todo en nuestro país. La OCDE, que agrupa a 38 naciones del mundo, expone que, si bien ha incrementado sensiblemente el porcentaje de personas que logran tener educación media superior en nuestro país, lo cierto es que, en los últimos años, solo el 46 por ciento de la población entre 25 y 35 años conseguía ese nivel educativo, cuando el promedio que agrupa el organismo es de 83 por ciento.

Aunque hemos tenido avances como sociedad, la desigualdad y la justicia social sigue siendo el gran tema de debe preocuparnos y ocuparnos.

De acuerdo a lo que publicó el año pasado el Consejo Nacional de Evaluación de la Política y Desarrollo Social (Coneval), México cuenta con más de 55.3 millones de personas que viven en situación de pobreza. La cifra es demoledora si consideramos que son en total 63.8 millones de mexicanos que reciben ingresos, es decir, más de la mitad de la población no cuenta con ingresos suficientes.

El INEGI y el propio Coneval, presentan datos que coinciden en que la riqueza de México se concentra en pocos, en 25 por ciento de los hogares; mientras las carencias siempre tienen un mayor acento en las mismas zonas rurales que hace más de un siglo, clamaban justicia en el contexto de la Revolución Mexicana.

Las familias más pobres del “Neo México” del siglo XXI reciben, según datos oficiales, menos de tres mil pesos mensuales para subsistir. Un contraste alarmante y devastador si lo comparamos con el puño de mexicanos que aparecen en las listas de multimillonarios que ha publicado la revista Forbes.

Debatir la Constitución en su 104 aniversario, sin autoengaño, es reconocer lo bueno, que es mucho, los aciertos de su evolución histórica, que son numerosos sin duda, pero sobre todo sus pendientes, su déficit vigente en rubros fundamentales que más que preocuparnos debe ocuparnos.

ES cuánto.

Twitter: @ErickSolisT