Por: Erick R. Solís Tavizón

Es muy lamentable que, a pesar de tanta reforma, tanta información y tanto proyecto en beneficio a los Derechos Humanos, México siga siendo un país que violente día con día los tratados internacionales, los cuales tutelan las garantías constitucionales y derechos fundamentales antes que cualquier otra norma. Hablando específicamente al uso lúdico del cannabis, dichas violaciones se han acentuado, y más desde que en el sexenio de Felipe Calderón se propició una fallida guerra contra el narco, la cual, sigue siendo tendencia de la administración actual, pues se ha verificado que para propiciar la paz, es irremediable transitar hacia un modelo en donde terminen las detenciones arbitrarias y los abusos de la autoridad y más si se trata por el uso de posesión de una planta.

En días pasados, la corte resolvió y declaró inconstitucional la prohibición al uso lúdico de la mariguana, con ocho votos a favor y tres en contra, para regresar nuevamente a la cancha del Congreso de la Unión para que se eliminen los cinco artículos de la Ley General de la Salud que prohíben el uso lúdico de la mariguana.

El ministro Zaldívar expuso: “Hoy es un día histórico para las libertades. Después de un largo camino, esta Suprema Corte consolida el derecho al libre desarrollo de la personalidad para el uso recreativo de la mariguana”

De esta manera, al igual que Uruguay y Canadá,  nuestro país se encamina rumbo a una ruta distinta desde hace algunos años, ya que la sociedad civil ha imputado un nuevo paradigma con información certera y menos prejuicios sobre el uso y el consumo del cannabis. Los litigios estratégicos iniciados por colectivos y activistas resultaron en mas de cinco amparos aprobados por la SCJN, con lo cual, se generó jurisprudencia para el reconocimiento del derecho al libre desarrollo de la personalidad y el derecho a cultivar cannabis sin fines de lucro para consumo personal.

En este orden de ideas, la Corte declaró que la prohibición absoluta del acceso a esta planta es una violación a los derechos constitucionales, y por tanto, el Congreso debía haber modificado la Ley y con ello, se permitiría el acceso a quien lo quiere y lo requiere, y no únicamente a quien puede pagar un proceso legar para promover un juicio de amparo. Los derechos deben ser para todas las personas, y no solo para quien tiene el tiempo y el dinero para exigirlos.

Después de tres prorrogas, el Congreso prefirió seguir poniendo pretextos ante la garantía de los Derechos. Ahora, le tocó al Poder Judicial hacer lo propio y emitir la Declaratoria General de Inconstitucionalidad para que se modifique la Ley General de la Salud para permitir el auto cultivo, posesión y uso del cannabis.

Las necesidades de las personas que usan cannabis son tan diversas como los efectos de la planta. Debe existir la posibilidad de cultivar, pero también de acudir a un dispensario por productos específicos y seguros. Las comunidades que cultiven deben de tener la oportunidad de comercializar sus cosechas y brindar sustento a sus familias con información y legalidad. En vez de seguir desperdiciando recursos en guerra de manera perdida, el Estado tiene ya la responsabilidad de determinar la ruta para aprovechar esta industria para el desarrollo del país: privilegiando lo local frente a los transnacionales interesados. La regulación incluyente del mercado es el siguiente paso obligatorio.

ES Cuanto.

Twitter: @ErickSolisT