Por: Erick R. Solís Tavizón

El que nuestros representantes en los diferentes parlamentos legislen a favor de la implementación de políticas públicas que nos lleven a una verdadera prevención social de la violencia y la delincuencia no solo se ha convertido en algo necesario, sino en algo urgente.

Se entiende a la prevención social del delito y a los actos de violencia como aquel conjunto de políticas públicas, estrategias e intervenciones orientadas a reducir el riesgo y efectos que perjudican y dañan la vida pública. La prevención es parte fundamental para el combate al delito y no solo se debe enfrentar desde la parte punitiva y reactiva, sino desde programas de prevención desde el ámbito político, académico y social.

Aunado a ello, la participación ciudadana es de suma importancia cuando hablamos de prevención del delito, pero de igual manera, el Estado debe generar espacios para involucrar a los jóvenes para que sean agentes de cambio, al igual las mujeres, niñas, niños y todos los grupos sociales deben y pueden contribuir a la cohesión social con el objeto de prevenir el desarrollo o comisión de conductas antisociales a mediano y a corto plazo.

Un desafío importante para el Gobierno es sin duda, la seguridad pública; pues ante la alza de hechos delictivos y de inseguridad, se debe transitar de un modelo reactivo con el objeto de prevenir, perseguir, atender y analizar los factores y causas de diversos delitos que aquejan al ciudadano, en Durango y en todo el país.

De  conformidad  con el numeral 3 de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia; la planeación, programación, implementación y evaluación de las políticas públicas, programas y acciones se realizará en los diversos ámbitos de competencia, por conducto de las Instituciones de Seguridad Pública y demás autoridades que en razón de sus atribuciones deban contribuir directa o indirectamente al cumplimiento de esta Ley, debiendo observar como mínimo los siguientes principios:

• Respeto irrestricto a los derechos humanos.
• Integralidad. El Estado, en sus distintos órdenes de Gobierno desarrollará políticas públicas integrales eficaces para la prevención de la violencia y la delincuencia, con la participación ciudadana y comunitaria.
• Trabajo conjunto. Comprende el desarrollo de acciones conjuntas entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, así como de los diferentes sectores y grupos de la sociedad civil, organizada y no organizada, así como de la comunidad académica de manera solidaria, para que contribuyan a la prevención social de la violencia y la delincuencia y al mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad.
• Continuidad de las políticas públicas. Con el fin de garantizar los cambios socioculturales en el mediano y largo plazos, a través del fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana y comunitaria, asignación de presupuesto, el monitoreo y la evaluación.
• Interdisciplinariedad. Consiste en el diseño de políticas públicas tomando en cuenta conocimientos y herramientas de distintas disciplinas y experiencias nacionales e internacionales.
• Diversidad. Consiste en considerar las necesidades y circunstancias específicas determinadas por el contexto local territorial, el género, la procedencia étnica, sociocultural, religiosa, así como las necesidades de grupos vulnerables o en riesgo.

En Durango y en todo el país es urgente  el diseño e implementación de políticas públicas de prevención social de la violencia y la delincuencia desde el ámbito social, comunitario, situacional y psicosocial.

 ES Cuanto.

Twitter: @ErickSolisT