Por: Ernesto Escobosa

La solicitud de la Declaración de Procedencia que le hizo el Ministerio Público a la Cámara de Diputados para poder acusar penalmente al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por delincuencia organizada y otros delitos, se suma a las investigaciones que le está haciendo la DEA desde hace algunos años por sus vínculos con grupos de la delincuencia organizada. Esta circunstancia deja en evidencia que los pactos de impunidad que se hicieron durante décadas entre los gobiernos priistas y panistas ya no tienen vigencia, nunca como ahora se había tramitado el desafuero de un Gobernador en funciones para llevarlo ante un juez y lo cierto es que esto hace apenas tres años era impensable.

El mensaje está claro, quienes tengan cuentas pendientes con la Ley, los que hayan acumulado fortunas que no puedan justificar y los que se han aliado con grupos delincuenciales están en una situación de alta vulnerabilidad, independientemente de los cargos públicos que ocupen y del poder político o económico que tengan. El problema para el PRI y el PAN en este año electoral es que en la gran mayoría de los hechos de corrupción que se han documentado están involucrados personajes que pertenecen a las élites de estos dos partidos que cogobernaron el país durante tres décadas, desde expresidentes, exsecretarios, gobernadores y exlegisladores. La Estafa Maestra, Operación Safiro con S, Odebrecht, los sobornos que recibieron exsenadores panistas, algunos de ellos actualmente gobernadores, por aprobar una Reforma Energética que propició que empresas afines al peñismo realizaran contratos en los que Pemex y CFE perdían dinero injustificadamente y ellos lo ganaban bajo la lógica de hacer negocios con el Gobierno desde el Gobierno, utilizando a sus socios empresarios por medio de operaciones simuladas.

La cultura de las empresas fantasmas y de las factureras proliferó en el país desde la administración de Vicente Fox y se agudizó en los gobiernos de Calderón y Peña Nieto; la corrupción y el saqueo al erario se generalizaron porque partían desde el despacho presidencial y se extendían hasta los ayuntamientos más modestos pasando por los gobiernos estatales. El legado que dejaron es que México fuera percibido por la comunidad internacional como un país corrupto e inseguro en el que no había una clara diferencia entre los funcionarios y los delincuentes, con el cambio de régimen era de esperarse que algunos se exiliarían, otros se convertirían en prófugos y unos cuantos más serían detenidos; era ingenuo pensar que no pasaría nada y se conservaría el estado de cosas que prevalecieron hasta 2018.

Francisco García Cabeza de Vaca solo es uno más de los políticos del PRI, PAN y PRD que pueden ser desaforados, detenidos y juzgados, desafortunadamente este personaje no es la excepción, por el contrario, representa la “normalidad”, no sólo tolerada sino estimulada y protegida desde el poder público en el pasado reciente. Es evidente que el Gobierno Federal está dispuesto a demostrar que la “Mafia del Poder” a la que alude el Presidente de la República sigue existiendo y sus miembros están aliándose y protegiéndose entre sí para tratar de evitar lo que a estas alturas ya es inevitable.

López Obrador ha señalado que la oposición no tiene autoridad moral, en consecuencia, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República seguirán enfocadas en demostrarlo, no hay duda que habrá más acciones jurídicas y detenciones, la única interrogante es: ¿Quiénes siguen?

Twitter: @ernestoescobosa