Por: Dionel Sena

Esta misma semana trascendió el menudo problema en el que se encuentra el actual Fiscal Anticorrupción en Durango, Héctor «G», el cual estaría acusado del delito de Violación de Amparo, sin que hasta el momento se hayan dado a conocer más detalles acerca del presunto ilícito en el que incurrió, lo que es innegable es que dichas acusaciones, podrían costarle el cargo si se comprueba su responsabilidad en el hecho que se le imputa, lo que traería un verdadero problema sobre su posible sucesor, pues sería una incógnita quien debería proponerlo, si el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo, pues se duda mucho que haya antecedentes semejantes en Durango sobre un caso parecido, lo que sí, es que por el momento, la titularidad de la Fiscalía Anticorrupción quedaría acéfala, en lo que se libra ese juicio, pues sería ilógico que siga despachando ante semejantes antecedentes.

Lo anterior se da justo unos días después de que el imputado compareció ante el Congreso del Estado y en donde, a pesar de que justificó con números sus resultados del último año de trabajo, la opinión generalizada de los diputados es que no ha cumplido con las expectativas, lo que se agudizó cuando se supo que solicitó un presupuesto para el 2021, de 60 millones de pesos, es decir, 40 millones de pesos más que lo que ejerció este año, lo que le valió diversas críticas, una de ellas, ni más ni menos que la de la Presidenta de la Junta de Coordinación Política de la presente legislatura, Sandra Amaya, misma que declaró que no era posible que estuviera realizando semejante petición, cuando con 20 millones no ha hecho nada.

La situación legal en la que se encuentra el todavía Fiscal Anticorrupción en Durango, es más compleja de lo que parece, tal es así que, el fiscal federal que lleva el caso, aportó ya las pruebas al juez de distrito del Centro de Justicia Penal Federal con sede en esta capital acorde al Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que se determinó la vinculación a proceso y se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, por lo que como medida cautelar, se le impuso al imputado la presentación periódica ante un juez, lo que sugeriría que podría seguir desempeñando su función como Fiscal Anticorrupción, aunque algunos artículos de la Ley interpretan otra cosa.

Hay quienes aseguran que el Artículo 9, fracción V, de la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Durango, establece la obligación de Héctor «G» de renunciar al cargo por el simple hecho de haber sido imputado por un delito; mientras que el Artículo 33 de la misma Ley, prevé que los servidores públicos de esa dependencia, deberán ser separados de sus cargos desde el momento en que se dicte el auto de vinculación a proceso, lo que dicen algunos juristas que ello solo aplicaría si el descrito está sujeto a proceso penal con el auto de vinculación, lo que no pareciera ser el caso, aunque claro está que habrá quienes presionen para su salida, valorando el hecho de que se trata de un cargo muy delicado y que no admite este tipo de escándalos, aunque a final de cuentas… La ley es la Ley.

Ya veremos en qué acaba este espinoso tema que tanto morbo ha despertado.

Twitter: @dionelsena