Por: Dionel Sena

Finalmente se llevó a efecto la tan esperada comparecencia ante el Congreso del Estado de Roberto Herrera, consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, un organismo autónomo que desde el año pasado ha estado en el ojo del huracán a partir de que se detectaron observaciones en su cuenta pública del 2018, por el orden de los 18.7 millones de pesos, un faltante que trataron de justificar con la creación de algunos fideicomisos y que a la fecha, dichas observaciones no han sido solventadas, de ahí que esté en riesgo de que no les sea aprobada tampoco la cuenta pública correspondiente al 2019, pues también se supo que al menos dos consejeros se vieron beneficiados con alrededor de 900 mil pesos por concepto de liquidaciones, aún y cuando ambos en ningún momento fueron despedidos.

Fue el diputado Iván Gurrola quien hizo evidente esta irregularidad y la hizo del conocimiento del recién llegado consejero presidente del IEPC, pues denunció que solo Martín Arambula que fungió durante cuatro años como secretario técnico de ese organismo, se asignó por concepto de liquidación, alrededor de 370 mil de pesos, lo que levantó muchas sospechas, pues la cifra no corresponde a los años laborados y además, hasta donde se sabe, su salida nunca fue por un despido injustificado ni mucho menos, solo subió de escalafón, pues el INE lo designó consejero electoral en Durango, un proceso que por cierto no fue del todo público, pues nunca se supo que otros personajes habían competido por el puesto, por lo que sí sorprendió que en tan poco tiempo, haya escalado de una secretaría a la titularidad de una consejería, uno de los cargos más ambicionados dentro de ese órgano electoral.
Otro caso parecido fue la liquidación que le dieron al exconsejero presidente Juan Enrique Kato Rodríguez, mismo que se habría llevado por ese concepto alrededor de medio millón de pesos, cuando fue él quien presentó su renuncia, además de que lo hizo en medio de un ambiente de cuentas no aclaradas ante el Congreso del Estado, pues su salida se dio justo después de que él mismo compareció ante el poder legislativo y fue entonces, cuando surgieron las observaciones que hasta ahora no han sido solventadas y que rondan los 18.7 millones de pesos, de lo que si bien es cierto Roberto Herrera no tiene responsabilidad alguna, es innegable que al ocupar la posición que ostenta en la actualidad, debe ser el más interesado de que el tema se aclare lo más pronto posible, sin importar quienes estén involucrados, pues si bien es cierto los consejeros electorales no tienen acceso a los recursos de manera directa, si son ellos y ellas quienes aprueban el uso de los mismos.

Hasta donde ha trascendido, cabe la posibilidad de que algunos consejeros electorales hayan aprobado el uso indebido de recursos públicos en temas que no estaban autorizados en el presupuesto asignado a ese organismo en el año que se hace referencia, lo que pudiera acarrearles desde la separación del cargo a solicitud de los diputados locales, que la misma Entidad de Auditoría del Estado de Durango finque responsabilidades penales en su contra por ese faltante, pues es innegable que algunos consejeros, no tuvieron el menor pudor en ocultar la opulencia con la que vivían, lo que hicieron del dominio público a través de sus redes sociales y ahora es difícil ocultar esa realidad para ellos, por lo que tendrán que cargar con ese estigma por mucho tiempo más, pues el hecho de que a estas alturas aún no hayan aclarado el tema se presta a muchas interpretaciones.

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