Por: Dionel Sena

Los diputados que integran la presente Legislatura local finalmente le cobraron caro sus excesos a los consejeros electorales del IEPC, pues este martes, el Congreso del Estado determinó una reducción presupuestal para ese órgano electoral del orden de los 39 millones de pesos para el próximo año, lo que sugiere que tendrán que trabajar con las uñas para organizar las elecciones del 6 de junio del 2021, fecha en la que los duranguenses renovarán al Poder Legislativo, lo que en definitiva no es poca cosa, pues los ciudadanos no tienen la culpa de lo que los consejeros hicieron durante tanto tiempo y en donde la opacidad fue una constante que dejó estigmatizado a ese instituto, una mancha que no se borrará de la noche a la mañana.

Se debe recordar aquella creación de fideicomisos del presupuesto ejercido en el 2018 y el cual rondaba los 18.7 millones de pesos, irregularidad que costó la salida de quien en ese momento se desempeñaba como consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, aunque en honor a la verdad, todos sus compañeros fueron responsables de esa situación, pues si bien es cierto, los consejeros y las consejeras no pueden hacer uso de manera discrecional de esos recursos, sí pueden aprobar en que se ejercen y es ahí donde brinca la responsabilidad de cada uno de ellos y de ellas, con excepción de Roberto Herrera quien se incorporó a ese órgano electoral cuando dichas anomalías se habían ya cometido, por lo que se espera que bajo su gestión esos escándalos, sean cosa del pasado.

La compra innecesaria de celulares, vales de gasolina para ir a su trabajo y hasta viáticos para realizar viajes nacionales y al extranjero, fueron otros detonantes que ponderaron los diputados para darles para atrás a su propuesta original de presupuesto que los consejeros presentaron ante el Poder Legislativo y que era del orden de los 300 millones de pesos, misma que quedó en 200 millones, de los cuales, deberá salir el recurso para los partidos políticos, el gasto corriente del propio instituto como lo son los sueldos de sus trabajadores incluidos los consejeros y además, la organización de los comicios del 2021, incluida la contratación del PREP, la elaboración del material electoral como lo son las boletas y otros rubros.

Deberán andarse con mucho cuidado los consejeros electorales, pues además de los excesos anteriores, trascendió que se aprobaron prestaciones que están en tela de juicio, como llevarse una cuantiosa suma de dinero cuando terminan su encargo, que incluye tres meses de sueldo, 12 días por año laborado, es decir, como si los hubieran despedido, bajo el argumento de que la Ley dice que no podrán trabajar en ningún órgano de gobierno que haya emanado de un proceso electoral en las que ellos y ellas participaron como consejeros por los próximos dos años, más allá de que pudieran trabajar en muchas otras áreas incluida la iniciativa privada, sin obviar que ya se sabe con antelación el tiempo que estarán en el encargo, por lo que para muchos esa prestación está fuera de lugar y debería revisarse, no por nada la millonada que les tumbaron los diputados locales, más que justificada.

Twitter: @dionelsena