Por: Dionel Sena

Los gobernadores de Chihuahua, Guerrero, Sonora, Zacatecas y Durango, armaron un frente para solicitarle al presidente, Andrés Manuel López Obrador, les restituya los beneficios que a estas entidades les traía el Fondo Minero, el cual -como lo anunció la «4T»- iba a dejar de llegarle a los estados y con él se iban a construir más escuelas y se les iba a brindar mantenimiento a las que no lo tenían, incluso la propuesta original es que el dinero pueda ser manejado por los comités de padres de familia, lo que muchos pudieran interpretar como una estrategia político-electoral para hacerse de votos más adelante, por ello la demanda de los mandatarios de que tanto municipios como estados sigan recibiendo este beneficio, lo que en definitiva no pareciera estar en los planes de Palacio Nacional, aún así estos estados con una gran actividad minera lo van a intentar.

Se debe recordar que fue en el año 2014 cuando en México se creó el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros -hoy también conocido como Fondo Minero-, el cual no es otra cosa que acordar un impuesto del 7.5 por ciento sobre los ingresos -menos impuestos- de las compañías mineras, mismas que dicho sea de paso, fueron las que impulsaron dicha iniciativa en la cámara de diputados, quizá a sabiendas que si no lo hacían ellas, entonces el Gobierno de aquel entonces lo haría a su libre albedrío, lo que sin duda alguna pudo haber representado un impuesto mayor, y por ende mayores pérdidas para esas empresas; entre los razonamientos para dejar algo de impacto a las comunidades o municipios explotados era dejar infraestructura por si el recurso mineral que se extraía se terminaba, por lo que no era raro ver obra pública en esas comunidades, sin embargo, a partir de este año, ese recurso terminó en unas “tandas” a las que muy pocos le entienden, pues no tienen reglas de operación, y además ningún tipo de evaluación, de ahí la necesidad de recuperarlos a través de la iniciativa que presentaron estos gobernadores.

Hay que precisar que para el próximo año, la Ley de Ingresos de la Federación contempla quitarle a los municipios y a los estados cualquier derecho para el aprovechamiento de los recursos del Fondo Minero, en la idea de suplir así los brutales recortes que en el gasto educativo se están proyectando para el 2020, aunque dicho sea de paso, no terminarán por solucionar el problema de las necesidades que tienen escuelas e infraestructura educativa, lo que por algunos ha sido interpretado como un claro acto de centralizar distintos programas heredados de sexenios anteriores, y el Fondo Minero pudiera ser el laboratorio que la «4T» busca para capitalizar sus programas y estrategias rumbo a los comicios entrantes, lo que de haber hecho administraciones atrás, seguramente que hubiera sido visto de lo más normal, aunque en este caso se suponía que las cosas se iban a hacer diferentes.

Ya se verá si el esfuerzo que los mandatarios están haciendo rinde frutos en el corto plazo, pues no pareciera que en Palacio Nacional vayan a cambiar de opinión, más allá de que por sus características mineras, esas entidades vayan a resultar sumamente afectadas, más allá de los ya tan comentados recortes presupuestales que de por sí, van a sufrir la mayor parte de los estados; ni duda cabe que muchos contemplaban el Fondo Minero como un extra para salir de muchos compromisos económicos, bueno pues es un excedente con el que no podrán contar, máxime si ello implica restarle poder económico a aquellas entidades y municipios en las que no gobierna Morena, que casualmente los estados antes citados son encabezados por administraciones emanadas de otras fuerzas electorales, lo que en definitiva no pareciera ser una coincidencia, habrá que esperar qué tanto los diezman antes que en esas zonas limítrofes se libren nuevas elecciones.

Al tiempo…

Twitter: @dionelsena