Por: Dionel Sena

Lo que hizo el Congreso de Baja California en torno a aprobar la extensión de dos a cinco años el mandato del gobernador electo, Jaime Bonilla, es un hecho sin precedentes en la historia de México, pero que al mismo tiempo representa uno de los “agandalles” que de llegar a transitar, marcaría un antes y un después en la vida democrática de este país, pues por primera vez, ciudadanos mexicanos de una entidad federativa habrían votado por un candidato que violentó la división de poderes y sedujo a los legisladores locales bajacalifornianos, los cuales, se dice, cobraron por ese “favor” algo así como 1 millón de dólares cada uno, lo que les dará mucho margen de maniobra para soportar lo que se venga por un buen tiempo en lo que encuentran una nueva fuente de ingresos, pues se duda mucho que hayan actuado de esa manera y de a gratis.

El tema como tal ha traído cualquier cantidad de comentarios en las redes sociales y en los medios de comunicación convencionales, pues Morena -que ganó de manera apabullante esos comicios- está, junto al gobernador electo, tratando de verle la cara a los ciudadanos de aquella entidad, mismos que votaron por el ganador de las elecciones sólo por dos años, lo cual fue aprobado no ahora, sino en el 2014, es decir, que el ganador de la contienda electoral en este 2019, sólo estaría en el encargo dos años, en la idea que en el 2021 poder hacer concurrentes las votaciones locales y federales, algo que se empezó a hacer en otros estados, sin embargo, el hecho de que traten de imponer a un gobernador por más del doble del tiempo para el que fue electo, quizá no encuentre un precedente en la época moderna de nuestro país.

El papel que jugaron los diputados del PAN fue determinante, pues de los 12 que ocupan una curul en ese congreso local -que ya va de salida-, al menos nueve avalaron dicho “agandalle”, por lo que junto a los votos que les dio el PRI (5) y los que tienen el PRD, el PT y Movimiento Ciudadano, pudieron cristalizar los sufragios que necesitaba el gobernador electo para que su propuesta transitara, lo que les valió serias críticas de Marko Cortés a lo blanquiazules, pues adelantó que los panistas que se prestaron a ese fraude serían expulsados del partido, lo que se duda mucho les pueda en estos momentos, pues se dice que económicamente no tendrán de qué preocuparse por un buen tiempo, sin obviar que tendrán a un mandatario que se las deberá al menos el próximo lustro, aunque obligatoriamente necesitaron la venia del impresentable gobernador en funciones Kiko Vega, del cual no se ha dicho mucho.

Dicha acción de Jaime Bonilla Bonilla terminará obligatoriamente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que tendrá ante sí, la enorme oportunidad de echar abajo este acto inconstitucional que no deja de ser una afrenta al Estado de Derecho y que significaría un peligroso precedente para nuestra democracia, sin embargo, pocos saben que el gobernador electo es muy cercano al mismísimo Andrés Manuel López Obrador, lo que para algunos le significaría una ventaja y para otros no; es en este tipo de casos cuando muchos quisiéramos que el Ejecutivo federal fuera a Baja California y a mano alzada, les preguntará a los habitantes de aquella entidad qué piensan al respecto, pues la mayoría estamos seguros de lo que responderían, pues ni duda cabe que les vieron la cara y en plenos tiempos de la «Cuarta Transformación», en los que se supone que la corrupción es inaceptable.

Twitter: @dionelsena