Por: Dionel Sena

Aunque ya es el del dominio público, lo que pasó con la dispersión de créditos por 50 millones de pesos del Fondo Durango, administrado por la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), instancia que repartió dichos beneficios económicos a empresarios afectados por la pandemia y que al saberse los montos y los personajes privilegiados con los mismos, ello provocó la intempestiva salida de Ramón Dávila Flores de esa área y además, se dispuso por parte del Gobernador que fuera la Contraloría Estatal, la que iniciara una investigación a fondo sobre el tema, buscando saber que reglas de operación se aplicaron y en caso de que haya responsabilidad, el mismo Mandatario aseguró que se llegaría hasta las últimas consecuencias, pues aseveró que en su Gobierno, no hay nada que ocultar, sin embargo, hay algunas cosas que aún no se han dicho sobre este Fondo y que bien vale la pena recordar en este espacio editorial.

Lo primero que se debe establecer sobre el tema, es que los recursos entregados a los empresarios referidos, no es dinero regalado, es decir, se trata de fuertes montos -algunos de hasta 500 mil pesos- que deberán ser liquidados en un plazo no mayor a los 24 meses, por lo que entre más se tarden en liquidar los mismos, estos deberán incluir los intereses respectivos, incluso se sabe que, los solicitantes debieron dejar una garantía prendaria para que el pago se garantizara, por lo que junto con ello, debieron firmar de igual manera un obligado solidario, es decir, presentar un aval, lo que de ninguna manera es un tema menor, pues si bien el objetivo es apoyar a las empresas que se vieron afectadas por la pandemia, se debe hacer hincapié en que solo entraron aquellas que no despidieron a ningún trabajador, con lo que en teoría, se garantizan los ingresos y el sustento de los empleados y sus familias, y que acreditaron haber cumplido con sus obligaciones ante el SAT, el IMSS y el Infonavit, además de que tuvieron que demostrar que no estaban en buró de crédito.

También es importante precisar que el crédito de los 50 millones de pesos que maneja por cierto un comité y no solo la Secretaría de Economía, alcanzó a 266 empresas y no solo a algunas que se han citado en las redes sociales y en algunos medios de comunicación, además de que los mismos créditos no fueron entregados por ningún Funcionario directamente, es decir, los préstamos se otorgaron por un comité ciudadano de vigilancia que revisó las solicitudes de los empresarios que participaron y que, tras cumplir los requisitos establecidos, fueron evaluados, asignándose los préstamos según la capacidad de pago que cada solicitante acreditó, por lo que se sobreentiende que ninguna autoridad gubernamental tuvo injerencia en la asignación de esos recursos.

Un punto no menos importante, es que para acceder a los nombres de los beneficiarios del Fondo Durango, bastaba con entrar a la plataforma de transparencia a nivel nacional y local, para ver la relación de empresarios que accedieron a esos apoyos, algunos de los cuales, resultaron ser personajes muy conocidos e incluso, con filiaciones políticas que al final terminaron cargando con estigmas que sólo la investigación de la Contraloría arrojará si realmente hubo anomalías en el proceso o no, sin embargo, más allá de ello, es innegable que los 50 millones de pesos pudieran ser redistribuidos en montos que no sobrepasen los 50 mil pesos cada uno, como lo propuso el Mandatario estatal, eso permitirá que el número de beneficiarios sea mayor y que alcance incluso a aquellos que por razones de la pandemia, tuvieron que cerrar sus negocios por falta de liquidez, por lo que la idea es absolutamente viable, ahora solo falta que se ponga en marcha.

Twitter: @dionelsena