Por: Dionel Sena

Quizá presionados por las distintas corrientes de la sociedad que reprueban energéticamente el burdo intento de ampliar de dos a cinco años el próximo mandato de Jaime Bonilla al frente del Gobierno de Baja California, ayer mismo la comisión Permanente de la Cámara de Diputados en San Lázaro aprobó un punto de acuerdo para dejar sin efecto la “Ley Bonilla”, la que hasta ayer aún estaba en manos del gobernador Kiko Vega publicarla, sin embargo, con la decisión de los legisladores federales le han dejado poco margen para aprobar lo que la mayoría está reprobando y calificando como un atentado contra la democracia de este país, y un precedente que pudiera marcar el futuro de México en varios aspectos, especialmente el político y el electoral, pues seguramente que habrá mandatarios frotándose las manos viendo cómo le podían sacar el mayor jugo posible a ese antecedente, lo que todo parece indicar ya no será un problema, pues hay amplias posibilidades que le den para atrás.

Todavía hasta este miércoles, diputados federales le pedían al aún gobernador de Baja California reconsiderar la publicación de la reforma que sospechosamente aprobó el Congreso de aquella entidad en días pasados, por lo que se le conminaba a buscar las vías legales que le permitieran no publicar ese ajuste constitucional, mismo que increíblemente varios morenistas a nivel nacional defendieron, bajo el argumento de que en la boleta electoral en la que participó Jaime Bonilla, no se especificaba por cuánto tiempo sería votado, cuando los órganos electorales de ese estado seguramente que publicitaron hasta el cansancio entre los bajacalifornianos, exactamente lo que estaba en juego y por cuánto tiempo, por lo que hay quienes piensan que es una vacilada el que traten de defender lo indefendible con esos paupérrimos argumentos.

Legisladores como Tatiana Clouthier, Damián Zepeda, Verónica Juárez Piña y Martha Tagle, fueron quienes se metieron con todo al tema aun antes que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pudiera emitir un fallo al respecto, por lo que ayer esos mismos diputados fueron quienes hicieron público el punto de acuerdo, más allá que más adelante pudieran incluso hacer una declaración de desaparición de poderes en Baja California, lo cual por los antecedentes antes expuestos estaría totalmente justificado, pues lo que se pretendió hacer, indudablemente que quedará para la historia de la política mexicana como un burdo intento de prolongar el mandato de alguien que compró las conciencias de un Congreso local a punta de billetazos, lo que no debería volverse a repetir y que lo más seguro es que lo haya hecho con la complicidad de quien aún gobierna en aquellas tierras.

Más allá que todo apunte a que se logrará detener el madruguete al cual se ha hecho mención, es innegable que tanto Jaime Bonilla como Kiko Vega y los legisladores locales que se prestaron a semejante afrenta, deberían ser sancionados por una autoridad superior, pues de nada servirá que le den para atrás a ese intento de albazo, sin que haya consecuencias por ello, es decir, no deberían salir impunes de todo lo que generó una acción semejante, pues el resto de los políticos del país -en especial los candidatos a gobernador y los gobernadores actuales-, podrían pensar que el solo hecho de intentarlo no tendrá ningún costo, pues el intento le hicieron, y eso ya habla mal de cualquiera que se jacte de dedicarse a esa ya de por sí estereotipada profesión.

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