Por: Dionel Sena

Tal y como se esperaba, las cuentas públicas de distintos organismos autónomos y municipios del ejercicio fiscal 2018 no les dieron a sus responsables y desde la misma comisión de Hacienda, del Congreso del Estado, ya van reprobadas, lo que seguramente respaldará el pleno una vez sean subidas al mismo, lo que irremediablemente le traerá implicaciones y costos a quienes estaban al frente, más allá que en el caso de los ayuntamientos, estos terminaron desde el 30 de agosto con esas encomiendas, lo que les representará una enorme complejidad para presentar pruebas y documentos de que las cuentas que entregaron fueron correctas, de lo contrario, les podrían fincar responsabilidades de todo tipo, pues se duda mucho que quienes fueran sus directores de finanzas, aún estén disponibles. En el caso del único organismo autónomo reprobado eso no debería ser ningún problema, pues aún están los mismos que ejercieron dicho presupuesto.

Varios fueron los legisladores que adelantaron que lo más seguro es que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) reprobaría su cuenta pública, debido a observaciones por el orden de los 18.7 millones de pesos, las cuales incluso tuvo que defender, en su comparecencia, el propio Juan Enrique Kato Rodríguez, después que varios diputados se le fueron duro y al cuello con ese tema, pues pedían explicaciones del porqué no se ejerció dicho presupuesto y sí aparecían distintos montos en varios fideicomisos, lo que se interpretó como un intento de tratar de ocultar un subejercicio, por lo que es casi un hecho que cuando el caso se suba al pleno lo voten exactamente igual a como se hizo en la comisión referida, es decir, no aprobado, con todas las implicaciones legales que ello conllevaría.

En la misma circunstancia estarían los municipios de Súchil, Pánuco de Coronado, Otáez e Hidalgo, de cuyos alcaldes pocos se acuerdan, pero de que reprobaron las cuentas públicas del 2018, eso es innegable, por ende, es casi un hecho que tampoco serán aprobadas por el pleno, lo que implicará que llamen a cuentas a quienes ya no están, pues según la Entidad de Auditoría Superior del Estado, tendrán 20 días para subsanar la documentación que falta, después de la publicación en el Periódico Oficial sobre la aprobación o no aprobación de las cuentas públicas, por lo que de no llegar a subsanarse, entonces se podrá proceder en consecuencia, es decir, dar parte a la Fiscalía General del Estado, o bien al Tribunal Administrativo, según sea el caso, por lo que será un tema muy espinoso por donde se le quiera ver.

Hoy más que nunca, resulta impostergable contar con una Ley que impida que los alcaldes terminen sus mandatos sin rendir cuentas sobre sus administraciones, por lo que no extrañaría que en esta misma legislatura se haga algo al respecto, más allá que en lo nacional están a punto de aprobar una nueva Ley de Disciplina Financiera para los municipios, la que en teoría, meterá en cintura a los ayuntamientos sobre el ejercicio de los recursos públicos y evitar, entre otras cosas, el desvío de partidas presupuestales y los suberjercicios, sin embargo, dicha normativa aún está “cocinándose” y es cuestión de días, quizá semanas, para que sea del dominio público, vamos a ver si el Congreso del Estado saca una antes, pues hay argumentos de sobra por lo antes expuesto para hacerlo, ya que queda claro que se debe marcar un precedente y ésta es la mejor oportunidad para hacerlo.

Twitter: @dionelsena