Por: Dionel Sena

Seguramente a partir del 1 de septiembre del presente año -fecha en la que entran en funciones las nuevas alcaldías-, los ediles recién llegados se encontrarán con la problemática de que los que se fueron no les dejaron margen para contratar nuevo personal, debido a que antes de cumplir la encomienda decidieron meter a cuánto familiar, conocido o amigos, tuvieron a su alcance, a los que no solamente les dieron base sino que también se pusieron de acuerdo con quienes dirigen los sindicatos para que pudieran, de igual forma, estar sindicalizados y de alguna manera volverlos “intocables” a sabiendas que no tendrán mucho margen de maniobra presupuestal para liquidarlos y contratar a personas afines a su proyecto, en Durango hay varios casos, sin embargo, hay uno que particularmente llama la atención.

A inicios de esta semana, el síndico de Lerdo, José Dimas López, denunció que la aún alcaldesa en funciones, María Luisa González Achem, le había heredado a ese municipio una fuerte carga financiera al haber dado de alta a 25 nuevos trabajadores, entre los cuales -según el denunciante-, se encuentran dos sobrinos y funcionarios de primer nivel, acusaciones que al menos hasta ayer no habían tenido réplica de parte de la implicada, la que ya de por sí había estado en el ojo del huracán prácticamente durante toda su gestión, en especial por haber hecho viajes al extranjero que no le trajeron ningún beneficio a ese municipio, y acusada además de actos de nepotismo, estigmas que bien pudieron hacer que no dejara quién le cierre la puerta en la próxima administración, más allá de que en teoría pertenezcan al mismo partido político su sucesor.

Seguramente que conforme vayan avanzando las semanas, y que el proceso de entrega-recepción en cada municipio vaya tomando forma, más casos de este tipo saltarán a la luz, pues cuesta mucho trabajo creer que aquellos alcaldes que no lograron el objetivo de dejar sucesor o bien de conseguir la sucesión, no vayan a tratar de dejar a la mayor cantidad de aliados posibles en las siguientes administraciones y la única manera de hacerlo es metiéndolos en la nómina, pues a partir de lo que ocurrió en Lerdo, que aún carga con el adeudo millonario de decenas de trabajadores que administraciones pasadas despidieron de manera injustificada, difícilmente algún otro edil tratará de meterse en ese tipo de líos a sabiendas, primero, de que se hará público de inmediato, y segundo, que le podría costar mucho dinero de arranque, un estigma con el que nadie quisiera cargar.

Lo que es evidente es que aún falta una normativa que se apruebe desde el Congreso del Estado que evite ese tipo de prácticas “proteccionistas”, mismas que van encaminadas a hacerle la vida imposible al que llega a sabiendas de que no hay Ley que se lo pueda impedir, no por nada el aún alcalde de Tepehuanes despidió a 50 de sus trabajadores por que no votaron por él en la búsqueda por la reelección, cuestión que por antipopulista que resulte, no deja de ser ilegal y de ahí la premura de que nuestros legisladores ya le entren al tema, mismo que si bien no evitará los despidos masivos y la contratación de nuevos funcionarios, es innegable que ya necesita ser normado y evidenciar los casos de aquellos y aquellas que sigan con estas prácticas, mismas que a partir del 1o de septiembre se harán evidentes… Al tiempo.

Twitter: @dionelsena