Por: María de Lourdes López Salas

 La poesía es la memoria de la vida y los archivos son su lengua: Octavio Paz

Hace ya casi 20 años cuando se aprobó la primera Ley de Transparencia en México, la denominada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en el año de 2002, se revolucionó la forma de interacción entre la sociedad y los gobiernos.

Por un lado, se hizo efectivo el derecho a saber de todas las personas sobre el quehacer gubernamental y por otro lado la Ley de Transparencia demandó de los servidores públicos un gran compromiso con la rendición de cuentas.

En esa primera Ley se incluyó un aspecto que es necesario destacar, el relativo a la importancia de los documentos, ya que no se puede concebir el acceso a la información sin poseer documentos que demuestren el quehacer gubernamental.

La Ley de Transparencia del 2002, señalaba en el artículo 3° fracción III el significado de documentos entendidos como: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades o la actividad de los sujetos obligados y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico.

 Además, la citada Ley esbozó el tema de la importancia de los archivos en el artículo 4° fracción V señalando como objetivos de la ley: V. Mejorar la organización, clasificación y manejo de los documentos.

 La legislación fue congruente, en el sentido de la necesidad de que los sujetos de la ley, es decir las autoridades tuvieran disponibles los documentos para darle vigencia y cumplir con lo establecido en el artículo 6° de la Constitución sobre el Derecho de la Información (DAIP).

El paso para que México, cerrara la triada de leyes después de la reforma constitucional al artículo 6° del año 2014, fue lento pero firme ya que la última ley general aprobada fue la de Archivos; hace apenas unos días se cumplieron apenas tres años de la publicación de la cita legislación.

La tarea de posicionar el tema de la importancia de la organización y resguardo de los archivos ha sido gradual y paulatina, ya que en nuestro país existe desigualdad financiera y de operación de los sujetos obligados de la Ley de archivos.

No se puede perder de vista que los archivos se deben considerar como garantes de la preservación de la memoria nacional, local y municipal, son la base para defender la verdad, proteger los derechos de los ciudadanos, la transparencia gubernamental, y la salvaguarda de la memoria individual y colectiva, tal y como lo señaló la Dra. Mercedes de Vega, exdirectora del Archivo General de la Nación.

Por todo lo anterior, es de suma importancia trabajar para tener nuestros archivos ordenados y retomo lo que expuse en agosto de 2014 en Saltillo Coahuila, durante el foro regional norte denominado “Una nueva cultura archivística” además de todo lo anterior es preciso “Construir una narrativa sencilla para que la sociedad entienda la trascendencia e importancia de los archivos”.

Además de eslabonar el tema de los archivos con el DAIP, la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de datos personales

*Titular de la Unidad de Transparencia e Información Municipal, UTIM, Durango. Catedrática de la FADERyCIPOL

Twitter @lululopezsalas