Por: María de Lourdes López Salas

Hace unos días el senado de la República, por mayoría aprobó reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que busca otorgar atribuciones al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para la instalación, operación, regulación y mantenimiento del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PNUTM), con la finalidad de colaborar con las autoridades competentes en materia de seguridad pública y justicia, ante la comisión de delitos cometidos por usuarios de la telefonía móvil.

Según esa reforma busca otorgar atribuciones al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para la instalación, operación, regulación y mantenimiento del PNUTM, con la finalidad de colaborar con las autoridades competentes en materia de seguridad pública y justicia, ante la comisión de delitos cometidos por usuarios de la telefonía móvil.

De acuerdo con la minuta aprobada por el senado, el padrón contendrá los siguientes datos:

• Número de línea de telefonía móvil;
• Fecha y hora de activación de la línea telefónica móvil;
• Nombre completo, denominación o razón social del usuario;
• Nacionalidad;
• Número de identificación oficial y Clave Única de Registro de Población (CURP) del titular de la línea;
• Datos biométricos del usuario (persona física) o de su representante legal (persona moral);
• Domicilio del usuario;
• Datos del concesionario de telecomunicaciones;
• Esquema de contratación de la línea, y
• Avisos de actualización de información, por lo que se considera que podrían generarse riesgos al derecho a la protección de datos personales de los titulares.

Lo que se advierte es que haya un riesgo potencial al permitir que el manejo de información de carácter biométrico, para fines de identificación personal, pueda ser manipulada por un número elevado de operadores de telefonía, pues se presume que serán las propias empresas las encargadas de recabar dichos datos.

Los expertos en la protección de datos personales como es el caso de Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), aseguró que no existe evidencia de que los registros de tarjetas SIM (para el uso de la línea móvil) contribuyan a la reducción de delitos.

Además de dejar en claro, que son pocos países los que tienen una política similar como lo son China, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Venezuela, por lo tanto, un país como México, no tiene como lo dice García, elementos o evidencias claras de que contar con los datos personales los usuarios de la telefonía la violencia o delitos disminuya.

Por su parte, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), solamente fijó su postura señalando que podría representar riesgos para la protección de datos personales, mencionando que el manejo de datos biométricos relacionados con la identidad de una persona, así como el tratamiento de los otros datos que se recaben, requiere del mayor cuidado posible, puesto que cualquier afectación o vulneración podría generar daños significativos de una difícil o imposible reparación.

Derivado de lo anterior, ya se han expresado voces para que instancias como el INAI o la Comisión Nacional de Derechos Humanos, presenten acciones de inconstitucionalidad ante la vulneración de derechos humanos, datos personales y la vida privad. Ojalá que se inicie esa acción.

Twitter @lululopezsalas