Por: María de Lourdes López Salas

“No existe tiranía peor que la ejercida a la sombra de las leyes y con apariencias de justicia”: Montesquieu

En la revisión histórica de cómo en el mundo se han establecido derechos a favor  de las personas, como es el caso de la libertad de expresión y el derecho a la información, es ineludible hacer referencias específicas pasando por la antigüedad donde se tenía como práctica los secretos.

La concepción de que el ejercicio del poder debe ser cerrado solamente para unos cuantos, de manera paulatina se fue modificando a lo largo de la historia hasta el reconocimiento específico de los derechos humanos, donde se inserta el Derecho de Acceso a la Información (DAI).

Así pasamos de los Arcana Imperii, hasta Inglaterra en 1628 con  la legislación “Petition of Rights”, luego en Francia aparece en 1789 la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano donde se relaciona la libertad de expresión con el derecho a la información.

Y como bien lo ha expresado la doctora Jaqueline Peschard: La libertad de expresión es considerada como la madre de todas las libertades públicas de donde se desprende el derecho a libertad de expresión y el acceso a la información, por ello es trascendente su defensa.

México no podía ser ajeno al fortalecimiento de las libertades y los derechos, por lo que en pleno impulso a la democracia en el año 2000 se da la alternancia en el poder, tan buscado por los partidos de la oposición al partido hegemónico que gobernó por más de 70 años.

Así se genera un contrapeso en el ejercicio del poder público, creando diversas adecuaciones en el marco jurídico para vigorizar el ejercicio de los derechos humanos como el de acceso a la información y ahí estuvo la sociedad representada por el Grupo Oaxaca, integrado por académicos, investigadores, periodistas, empresarios e integrantes de la sociedad civil para exigir la creación de la primera Ley de Transparencia en México.

A partir de entonces, la transparencia y el derecho a saber, por supuesto que han contribuido a que el estado de cosas cambie en el país, señalando a través de diversas vías actos de corrupción, convirtiéndose en opciones de vigilancia para que los gobiernos rinda cuentas de sus actos.

Ejemplos emblemáticos de información pública y publicada de periodistas, medios de comunicación, organizaciones y ciudadanos usando el derecho a la información que han denunciado el uso indebido de recursos públicos y facultades, es lo que hizo que hoy más que nunca apreciemos esos derechos garantizados por el INAI como Órgano Constitucional Autónomo, el cual no debe desaparecer o fusionarse con el Gobierno porque sería “juez y parte”.

Así como hace 19 años la sociedad habló para crear la primera Ley de transparencia y el organismo garante y fue escuchada por los diputados y senadores, que son los representantes populares, hoy también debe hablar con mayor fuerza para evitar una regresión y perder derechos ganados.

En el caso de Durango, ya hay pronunciamientos sobre el papel que debe jugar la sociedad en esta discusión; por un lado, el alcalde de la capital Jorge Salum del Palacio, destacó que es necesaria su participación en la discusión, al igual que el presidente del Consejo Municipal Ciudadano de Acceso a la información, presidido por Jorge Fabila.

Los derechos ganados no pueden desaparecer por decreto o plumazo, es indispensable defenderlos.

Titular de la Unidad de Transparencia e Información Municipal, UTIM, Durango

Twitter @lululopezsalas