Por: María de Lourdes López Salas

Dentro de la ruta de la Transparencia y el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información en nuestro país, el registro de buenas prácticas y acciones que han fortalecido el marco normativo para mejorar el desempeño del servicio público ha sido numeroso.

De la gran reforma al artículo 6° constitucional en materia de acceso a la información en el año 2014, se derivaron tres leyes generales: La de Transparencia, la de Protección de Datos Personales en posesión del sector público y, la de Archivos.

Dentro del fortalecimiento del andamiaje jurídico, en México en el 2016 se publicó la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que como su nombre lo revela se creó con el propósito de combatir los actos de corrupción en el sector público, además de incluir a los particulares que cometieran este tipo de acciones.

A partir del ejercicio del acceso a la información y la transparencia, se visualizaron con mayor fuerza los actos de corrupción y acciones que pusieron en riesgo el uso de los recursos públicos.

Frente a los momentos que estamos viviendo con el COVID19, la semana pasada un grupo de agrupaciones de la sociedad civil y del Sistema Nacional Anticorrupción, presentaron la propuesta para la iniciativa de la  de Ley General de Contrataciones Públicas

El propósito de dicha legislación, según lo explicaron los integrantes de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), Transparencia Mexicana (TM), el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) y México Evalúa, es para de disminuir los riesgos de corrupción en las adquisiciones, estandarizar la información de adquisiciones y además facilitar la reactivación económica después de la crisis que trajo consigo la pandemia del COVID-19.

El documento busca también, ampliar las oportunidades de las pequeñas y medias empresas en las licitaciones y garantizar la eficacia del gasto público. Igualmente se pretende ayudar a la reactivación económica, debido a que la legislación crea parámetros nacionales para las adquisiciones, arrendamientos y servicios públicos donde se acotan las adjudicaciones directas.

Tal y como lo hemos observado en los últimos meses, han surgido plataformas mediante las cuales se da a conocer la información en el marco de la pandemia, que están más dirigidas a la Transparencia Proactiva y Focalizada,

Por lo tanto, el grupo multidisciplinario, que presentó la iniciativa plantea una plataforma digital donde se realice cada paso del proceso de contratación pública, lo que permitirá la transparencia y la evaluación del ciclo.

También la propuesta incluye la creación del Instituto Nacional de Contrataciones Públicas, con el fin de fortalecer el mecanismo de máxima apertura.

Resulta interesante lo expresado por Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuenta en México Evalúa, en el sentido de que con dicha legislación se va a ahorrar y va a generar una mejor compra pública en términos de precios, de calidad de productos que no se ve en la actualidad.

Esta propuesta que viene a fortalecer el combate a la corrupción y la transparencia, por lo que habrá que estar atentos al avance en la Cámara de Diputados.

Titular de la Unidad de Transparencia e Información Municipal, UTIM, Durango

Twitter: @lululopezsalas