Por: María de Lourdes López Salas

En el año 2001, cursando la maestría de Comunicación, en la Universidad Autónoma de Durango, conocí a un académico que para entonces estaba participando en un movimiento impulsor de la primera Ley de Transparencia y Acceso a la Información, se trataba del doctor Ernesto Villanueva Villanueva.

El doctor Villanueva, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), nos impartió dos módulos denominados: Legislación de Medios y Deontología.

En el módulo sobre legislación de medios, el doctor Villanueva de manera general abordó el tema del derecho de acceso a la información, fue en el segundo módulo cuando profundizó de manera específica el tema porque, estaba por aprobarse la primera Ley Federal de Transparencia y Acceso en nuestro país, lo cual ocurrió el. 11 de junio de 2002, fecha en que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Ernesto Villanueva, participó con un grupo de académicos, investigadores, periodistas, directivos y dueños de medios de comunicación, el cual se le dio el nombre del “Grupo Oaxaca”, quienes promovieron la aprobación de la primera Ley de transparencia en México, situación que le daba vigencia al Derecho de Acceso a la Información, (DAI), incorporado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 6° en el año de 1977.

En ese año (2002) inició de manera activa mi participación en estos novedosos temas del derecho de acceso a la información y la transparencia, fueron una combinación privilegiada con el periodismo que era mi tarea profesional.

El acceso a la información, tuvo cambios legales en nuestro país, al identificarse por parte de agrupaciones de la sociedad civil, investigadores y organismos garantes, una disparidad en el ejercicio de ese derecho.

De ahí vino una nueva reforma al artículo 6° para darle un “piso parejo” al acceso a la información, que ocurrió el 20 de julio de 2007; sin embargo, no fue suficiente y después de otro trecho de camino, vino la gran reforma constitucional del 7 de febrero de 2014.

Derivada de esa gran reforma, nace la Ley General de Transparencia, publicada el 4 de mayo de 2015, por lo tanto, hoy cumple el primer lustro de aprobada, en la cual, tuve el honor de participar en foros y discusiones siendo parte del órgano garante de Transparencia de Durango y además coordinadora nacional de la entonces Conferencia Mexicana de Acceso a la Información, COMAIP, que después le dio origen al Sistema Nacional de Transparencia.

En la ruta del ejercicio del acceso a la información y la transparencia en México y en Durango, se han registrado retos trascendentes como la integración de Sistema Nacional de Transparencia, se creó la Plataforma Nacional de Transparencia, se fortaleció al organismo nacional de Transparencia convirtiéndolo en nacional.

Se homologó el ejercicio del acceso a la información; se incorporaron mayor número de sujetos obligados como los partidos políticos, los fondos y fideicomisos, los sindicatos, entre otros.

Quienes hemos sido testigos de estas grandes transformaciones y desafíos, estamos seguros que no hay ni debe haber camino de regreso, en los avances que la sociedad goza en materia de transparencia.

El combate a la corrupción y la rendición de cuentas se han venido a sumar a todo lo anterior, incluso en el marco de esta pandemia por el COVID-19 se demanda transparencia de las autoridades.

Enhorabuena por los logros y avances producto de muchos esfuerzos, por ello no permitamos regresiones.

*Titular de la Unidad de Transparencia e Información Municipal, UTIM, Durango

Twitter @lululopezsalas