Por: María de Lourdes López Salas

El 6 de diciembre del 1977, ayer hace 43 años, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 6° el derecho de acceso a la información a través de diez palabras para quedar de la siguiente manera:

«ARTICULO 6o. – La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público: El derecho a la información será garantizado por el estado»

No obstante que en la Carta Magna de nuestro país, se modificó el derecho de acceso a la información fue vigente 25 años después, es decir hasta el 2002, cuando se aprueba la primera Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, generando entonces la ola de la transparencia con la creación de leyes estatales en la materia en el país.

A lo largo de 18 años México ha sido líder en aplicar prácticas innovadoras y exitosas en el ejercicio del acceso a la información, inclusive llegó a tener la mejor ley del mundo en ese renglón, construyendo sistemas para poner a la alcance de la mano del ciudadano su derecho a saber, ejemplo de ello es la Plataforma Nacional de Transparencia.

Para los mexicanos tener la posibilidad de saber lo que hacen las autoridades a través de solicitudes de informaciones y con el mecanismo de transparencia, poniendo en la vitrina pública datos que revelaron en ocasiones actos de corrupción o el uso indebido de funciones y atribuciones, sin duda es y será un gran avance en el fortalecimiento de nuestra democracia.

Para los investigadores y académicos dedicados a analizar los resultados del impacto del uso del derecho a la información, originalmente los llevó a mencionar en sus aportaciones que con la transparencia se observaba de mejor manera el desempeño de los servidores públicos y que ello inhibía o frenaba actos de corrupción.

Hoy nos enfrentamos a una situación digna de reflexionar y de analizar a profundidad ya que la operación “A más transparencia, menor corrupción” no necesariamente ha sido así.

Resultaría inexplicable que si tenemos mejores leyes de transparencia y un Sistema Nacional Anticorrupción, México siga estando muy alejado de los países menos corruptos de acuerdo a Índice elaborado por Transparencia Internacional.

En la última medición México aparece en el lugar 130 dentro del índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional de 2019 de 180 países.

En el IPC México aparece empatado en el sitio 130 con Guinea, Laos, Maldivas, Mali, Myanmar y Togo.

Es necesario detenernos a revisar, lo que es necesario realizar en  el marco de este miércoles 9 de diciembre, Día Internacional Contra la Corrupción, sobre todo por lo que está pasando en la pandemia por el COVID-19, donde la exigencia ciudadana no solo es por la salud, sino por información clara y  menor corrupción.

Y no perder de vista las palabras de António Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU): “La corrupción es criminal e inmoral, y representa la máxima traición a la confianza pública. Es aún más perjudicial en tiempos de crisis, como está ocurriendo ahora en el mundo con la pandemia por el COVID-19. La respuesta al virus está creando nuevas oportunidades para explotar la supervisión débil y la transparencia inadecuada, desviando recursos que debían estar destinados a personas que se encuentran en su momento de mayor necesidad”.

Titular de la Unidad de Transparencia e Información Municipal, UTIM, Durango

Twitter @lululopezsalas