Por: María de Lourdes López Salas

A partir de la vigencia del derecho de acceso a la información y por consecuencia la transparencia en el año de 2002 en nuestro país, ha quedado demostrado que ambos están ligados de manera ineludible en el combate a la corrupción beneficiando a la rendición de cuentas.

En esta ruta de 15 años en México se han tenido avances relevantes para fortalecer el derecho a saber y potenciar a la transparencia desde el ámbito legal, así como la innovación y las buenas prácticas.

Siendo nuestro país como referente internacional al ser evaluado con poseedor de la mejor Ley General de Transparencia en el mundo, igualmente se le ha reconocido aspectos tecnológicos como el establecimiento de la Plataforma Nacional de Transparencia, PNT, en la cual se encuentra alojada la información de nueve mil sujetos obligados de todo el país, incluido el municipio de Durango.

A través de la PNT el registro de usuarios ha sido de cinco millones en el último año, reflejando el interés por parte de la sociedad para realizar solicitudes de información o en su caso revisar las obligaciones de transparencia.

Los retos para el año por venir, son mayúsculos ya que el uso del acceso a la información y la transparencia es fundamental porque contribuyen en el combate a la corrupción demandado por la sociedad y ofrecido disminuir por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, el gran problema al que estaremos enfrentando el próximo año 2020 es a la falta de recursos para realizar las labores que a cada instancia le corresponden.

En el caso del órgano garante nacional de la Transparencia, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información  y Protección de Datos, INAI, ya se dio a conocer que hay una disminución en la propuesta de presupuesto ya que originalmente estableció 927 millones de pesos y en la propuesta de la Cámara de Diputados fue de 877 millones de pesos, representando una baja de cincuenta millones de pesos.

Se critica a los órganos autónomos como el INAI, pero contradictoriamente se le reduce el presupuesto, tal vez porque se desconoce la labor que se desarrolla y que para tener apenas 15 años de vigencia el derecho de acceso a la información, los avances han sido significativos.

Por ello es necesario que las partes involucradas en el impulso del ejercicio de estos derechos, realicemos nuestro máximo esfuerzo a fin de seguir fortaleciendo la cultura del derecho a saber.

En lo que se refiere al municipio de Durango, a través de la Unidad de Transparencia e Información Municipal, UTIM, estamos empeñados en cumplir lo que mandata la Ley y el reglamento, impulsando acciones que eleven el estándar a través de buenas prácticas.

Por ello, esta semana estaremos firmando el Acuerdo por la Transparencia Municipal, destacando acciones para impulsar el ejercicio del acceso a la información y vigorizar la transparencia como parte de la nueva cultura impulsada por el alcalde Jorge Salum del Palacio.

*Titular de la Unidad de Transparencia e Información Municipal, UTIM, Durango