Durante la semana pasada, Antonio Bracho Marrufo, director municipal de Seguridad Pública emitió en sus redes sociales un mensaje que finalmente se comprendió este jueves, luego de su conferencia de prensa en donde hizo público un presunto acto de trafico de influencias en la que habría incurrido la legisladora Sandra Amaya.

La semana pasada, Bracho Marrufo de forma jocosa advirtió en sus redes sociales que no habría de interceder por ningún familiar en caso de ser detenido por alguna infracción por los agentes policiacos, e hizo extensivo su comentario al resto de la sociedad.

Para este jueves, con una crudeza, que por momentos se antoja innecesaria, Bracho Marrufo señaló tajantemente que la Legisladora, coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, le habría llamado por teléfono para solicitar dejar sin sanción a un subalterno.

Apenas un día antes, Amaya, había criticado que se instalaran retenes de vigilancia por parte de la Policía Preventiva, en una circunstancia en la que cuestionó la validez de la medida.

Si bien, la diputada Amaya tiene razón en señalar como ilegales los retenes de vigilancia que colocan las diversas corporaciones policiacas, pues no sólo lo hacen los policías preventivos, también esta claro que esos puntos de revisión que tanto nos incomodan tienen una importante estadística.

También durante la semana pasada por ejemplo, Francisco Javier Castrellón, secretario de Seguridad Pública reveló que en esos puntos de revisión la Policía Estatal logró asegurar poco más de 360 vehículos con reporte de robo, además de poder detectar desde esos retenes personas con antecedentes penales.

Si bien, el dato anterior no tiene mucho que ver con la discusión entre la importante Legisladora, pues comanda al grupo parlamentario más numeroso del Congreso del Estado, no se podía dejar a un lado tal información.

La escaramuza entre el Titular de Seguridad Pública y la diputada Amaya, permitirá establecer un deslinde de ambas figuras y propiciará un distanciamiento entre el ayuntamiento de Durango y un sector muy importante al interior del Congreso del Estado.

Por lo demás, quienes emitimos opiniones sobre la legalidad o no de los retenes debemos ser congruentes con nuestros dichos, pues no se vale que quienes ahora se rasgan las vestiduras por esos puntos de revisión en el pasado lo defendieron pues fueron parte del Gobierno y entonces los aplicaron sin mayor discusión.

Esperemos exista quien pueda mediar entre los personajes confrontados, y busquen reencarrilar la relación sin caer en excesos ninguna de las partes.