Por: Ernesto Escobosa

El análisis de la violencia e inseguridad ha sido muy simplista, básicamente las relacionan solo con la pobreza y la falta de oportunidades; esta perspectiva es muy discutible debido a que México, desde su fundación, ya era un país de pobres; actualmente, en una comparativa proporcional, hay menos pobreza y más oportunidades que en el pasado. Las causas de la inseguridad y la violencia son mucho más profundas y multifactoriales; una de ellas es la corrupción, que propicia la impunidad de quienes cometen delitos o evaden el cumplimiento de la Ley, por eso es tan atractivo hacerlo, ya que difícilmente se tienen consecuencias jurídicas, debido a que solamente el tres por ciento de los delitos que se denuncian reciben sentencia condenatoria y de acuerdo a la relatoría de la ONU, casi la mitad son personas encarceladas injustamente, debido a la mala fe, a la corrupción o a la ineptitud de algún funcionario.

En este escenario en el que la cultura de la legalidad es tan frágil, corre más riesgo de recibir una sanción un empresario que no declaró correctamente sus impuestos que un delincuente o un funcionario corrupto. Todas las condiciones se fueron construyendo para que la violencia detonara y la inseguridad creciera; el punto de quiebre fue la fracasada guerra de Felipe Calderón, la principal consecuencia en las fortalezas del estado mexicano es que la delincuencia le perdió el respeto a las fuerzas armadas; ante la ineficacia y corrupción del Ministerio Público, la cual por cierto es una de las instituciones mexicanas más antiguas, ya que se decidió desplazar las labores policiacas y de investigación ministerial y utilizar una estrategia de enfrentamientos armados directos; circunstancia que propició que la violencia se extendiera a todo el país, cuando estaba focalizada y en niveles bajos, básicamente en la frontera norte.

Ese despliegue de fuerza innecesario evidenció las deficiencias del estado mexicano, la corrupción del sistema de seguridad, la inoperancia de la procuración de justicia y sobre todo, la inexperiencia gubernamental para tomar las decisiones correctas y evitar que se desbordara la inseguridad y que una gran parte de las corporaciones policiacas fueran controladas, en parte o completamente, por la delincuencia, incluida la Policía Federal.

Otro de los factores y uno de los más determinantes para el incremento de la inseguridad y la violencia ha sido el deterioro de los valores familiares, religiosos y sociales; el rompimiento de la paz social no fue fortuito ni se generó espontáneamente, sino que obedece a un largo proceso de debilitamiento de las instituciones y la degradación de los liderazgos políticos que cada vez, con mayor incidencia, han sido asociados a actos de corrupción.

El debate público de los ochentas y noventas se enfocaba en la democracia, al inicio del siglo XXI en la eficacia gubernamental y actualmente se centra en la corrupción como el detonante de los principales males de la sociedad y esa perspectiva es bastante acertada debido a que las administraciones gubernamentales se han convertido en fábricas de grandes fortunas particulares.

En conclusión, la violencia e inseguridad tienen mayor relación con la pérdida de valores en todos los aspectos y con la impunidad que se puede comprar como consecuencia de la corrupción y no necesariamente con la pobreza como su detonante principal; hay muchos pueblos pobres que no necesariamente son violentos, el mejor argumento es que México antes no era violento ni inseguro, aunque fuera más pobre que en la actualidad.

Twitter: @ernestoescobosa