El decreto fue publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 3 de mayo de 2024, firmado por el gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro Quintero (Morena), para modificar lo relacionado con la consulta abierta del Registro.

Frente a esta situación, la Consejera Jurídica del gobierno de México, María Estela Ríos González, interpuso tal acción de inconstitucionalidad, toda vez que las disposiciones impugnadas contravienen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Además, el gobierno de México también impugna la adición de un tercer párrafo al artículo 2 de la Ley del Registro Público del Estado de Nayarit que, exige que el consultante demuestre interés jurídico.

La SCJN deberá revisar y determinar si las disposiciones propuestas por el gobernador nayarita, deben ser invalidadas por su posible inconstitucionalidad.