Con el firme propósito de garantizar una reparación efectiva del daño a las víctimas indirectas de feminicidio, las y los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, así como de Igualdad de Género y Familias, aprobaron el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones del artículo 361 Ter del Código Penal para el Estado de Nayarit.

La iniciativa de reforma, presentada por la legisladora Jocelyn Patricia Fernández Molina, contempla la protección de los derechos de las víctimas indirectas en caso de feminicidio, y reconoce la mayor gravedad de este delito por el profundo impacto emocional, psicológico y económico que ocasiona en su entorno más cercano.

La reforma contempla penas más altas cuando el feminicidio ocurre en presencia de hijos, hijas o padres de la víctima, considerando este acto aún más grave.

En caso de que el agresor sea familiar cercano de la víctima, además de la prisión, de ser el caso, perderá la patria potestad, la tutela, los derechos sucesorios y no podrá ser tutor de los menores, ello para proteger su integridad personal y psicológica de estos últimos. El juez, tras dictar sentencia, enviará una copia certificada al Registro Civil para tomar las medidas legales necesarias.

En la misma modificación al artículo 361 Ter del Código Penal prevé que el responsable del delito deberá pagar una reparación integral del daño, cubriendo gastos médicos y psicológicos de los familiares afectados.

En las mismas acciones legislativas señala que las autoridades deberán seguir un protocolo especializado para investigar los feminicidios, asegurando que se haga con perspectiva de género y sin revictimizar a los afectados.

El dictamen aprobado al interior de las Comisiones Legislativas será analizado, discutido y en su caso aprobado ante el Pleno de las y los diputados integrantes de la Trigésima Cuarta Legislatura.