Chihuahua– Familiares y defensores de los tres agricultores detenidos por la Guardia Nacional acusaron que el Gobierno federal hace todo lo posible por hacerlos aparecer ante la opinión pública como terroristas y evitar a toda costa que declaren como testigos del ataque contra Jessica Silva y Jaime Torres.

Se trata de Rosendo Lerma Lechuga, Juan Lechuga Montes y Juan Rivera Márquez, acusados de portación de explosivos luego de la toma de La Boquilla el pasado martes 8 de septiembre, quienes de acuerdo con su abogado, Gerardo Navarrete, permanecen detenidos en el Cereso de Aquiles Serdán luego de que se abriera una etapa de investigación complementaria que tendrá una duración de tres meses.

La defensa mencionó que por varias vías se presiona al juez Nelson Pedraza para que actúe de acuerdo con los intereses políticos del Gobierno federal para sembrar un delito, a pesar de que, según los abogados de los detenidos, “no hay evidencias de su culpabilidad”.

Ayer se presentó un dictamen de balística y criminalística emitido por el perito privado Víctor Hugo Vique Gutiérrez, quien aseguró no haber encontrado cargas explosivas ni explosivos en los artefactos que según la Guardia Nacional traían los inculpados, y que, de acuerdo con la defensa de los procesados, “les habrían sembrado al momento de la detención”.

Sorpresivamente, el juez de Distrito Néstor Enrique Pedraza Sotelo reclasificó y vinculó ayer a proceso penal por el delito de acopio y posesión de cartuchos, así como uniformes de uso exclusivo de las fuerzas armadas, a los tres agricultores originarios de La Cruz, que fueron detenidos el pasado 8 de septiembre por elementos de la Guardia Nacional.