El juez Octavo de Distrito con sede en Morelos dio luz verde a la Fiscalía de Chihuahua y a la División de Fuerzas Estatales de la Comisión Estatal de Seguridad, así como a la Policía de Investigación y al agente del Ministerio Público, para proceder a la captura del exgobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez, informó Excélsior.

Tal notificación es extensiva a la FGR y a sus diversos órganos internos, como la Dirección General de Procedimientos Internacionales, lo mismo que a la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol, así como a la Fiscalía del Estado de México.

Según un documento interno de la FGR, notificado a la institución el pasado 1 de julio, Duarte ya no podrá acogerse a los beneficios de amparo alguno para evadir la acción de la justicia de las autoridades de Chihuahua ni las federales.

Acorralado

El cerco jurídico para el exgobernador de Chihuahua, prófugo de la justicia desde marzo de 2017, se cierra, luego de que dicho juez resolvió el pasado 28 de junio que la Justicia de la Unión no lo ampara ni protege contra los actos del juez de Control del Distrito Judicial de Morelos, en la entidad gobernada por el expriista, sobre el que pesan al menos 21 órdenes de aprehensión por delitos electorales y de peculado.

De acuerdo con su sucesor, el panista Javier Corral, la fortuna del tránsfuga asciende a mil millones de pesos, cantidad similar a los desvíos de fondos públicos de su gobierno, calculados por la Fiscalía de Chihuahua, en mil 230 millones de pesos.

En un documento interno de la FGR, notificado a la institución el pasado 1 de julio, la decisión de dicho juez coloca en la total orfandad jurídica al político que fuera exaltado por el entonces candidato presidencial del tricolor, Enrique Peña Nieto en 2012, como el “ejemplo del nuevo PRI”.

Desde que en marzo de 2017 Duarte logró burlar a la justicia de su estado, huyendo a Texas, la administración del gobernador Javier Corral pidió a la entonces PGR que agilizara los trámites para extraditar al priista, quien fue expulsado de su partido el pasado 12 de junio, según lo dio a conocer la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, que tras deslindarse del exmandatario estatal manifestó que bajo ningún motivo “podría volver a afiliarse”.

Durante una gira por Chihuahua, en octubre pasado, el entonces presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a que una vez en el cargo instruiría al secretario de Relaciones Exteriores para que se procediera a agilizar su extradición.

Duarte Jáquez forma parte de las fichas rojas emitidas por la Interpol para ubicar a los delincuentes más buscados. Y aunque tras su salida del país Javier Corral aseguró que se le tenía ubicado en Texas, el gobierno de Peña Nieto poco hizo por solicitar al gobierno de EU su deportación.

De hecho, en enero de 2018, el entonces encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, aseguró que las tres peticiones para la extradición de César Duarte se encontraban en su “etapa final”, pero en realidad nada se concretó. Fue el canciller de la Cuarta Transformación quien hizo la petición formal al gobierno estadunidense.

A la fecha, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua ha decomisado al exmandatario 37 propiedades, y a la llegada del nuevo gobierno, en octubre de 2016, el nuevo secretario de Hacienda del Estado, Arturo Fuentes Vélez, denunció que César Duarte apenas y dejó en caja 21 millones de pesos.

Su detención sería un importante logro para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en su tesis del combate a la corrupción.