Integrantes de la comunidad indígena de Huahuachérare, del municipio de Carichí, se manifestaron esta tarde en el kiosko de la Plaza de Armas por el despojo de sus tierras por parte de una activista que vendió sus terrenos a ganaderos de la región.

La lideresa indígena Rosalba Loya, miembro del Consejo Supremo de la Alta Tarahumara y comisaria de vigilancia ejidal, explicó que el actual comisariado ejidal de Huahuachérare, bajo los auspicios de una organización no gubernamental (ONG), vendió 22 mil hectáreas de terreno de la comunidad a base de engaños.

En específico, la comunidad acusó directamente a la Licenciada Estela Ángeles Mondragón y su organización no gubernamental Bowerasa A. C. de despojarlos de sus tierras.

Además de no haber recibido el dinero de la venta, su aprobación en el consejo ejidal fue una artimaña con falsas promesas y en la cual manipularon a miembros del ejido que no sabían leer ni escribir.

Explicaron que Ángeles Mondragón se sostiene en una imagen de activista, pero cuya defensoría de los derechos humanos se transmutó a través de los años en una fachada para intentar controlar y despojar a comunidades indígenas.

Mencionaron que la Licenciada Mondragrón goza del apoyo por parte de las autoridades, incluyendo supuestamente el Gobierno del Estado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otras asociaciones civiles del mismo giro.

«Nosotros pobres no tenemos apoyo de nadie, estamos totalmente solos, descobijados, y sin destino porque ya nos quitaron el terreno», expresó la consejera Loya.

Ante esto, expuso que, sin tierra ni el sustento que les brinda, miembros de las comunidades afectadas se ven forzados a migrar a la ciudad de Chihuahua, donde, con la falta de oportunidades, muchas veces se reproduce un círculo de marginación y pobreza.

Manifestaron que el caso de Huahuachérare es uno de los casos más conocidos, sin embargo, existen muchos casos similares de despojo de tierras, sin quedarse atrás el mal uso y aprovechamiento de un discurso y una imagen de «activistas» que sirve de disfraz para cometer atropellos.

Miembros de la comunidad indígena aseguraron que son varias las ONGs que utilizan su imagen de «activistas» para recibir fondos privados y del gobierno; sin embargo, estos recursos no llegan a las comunidades.

Además de Bowara, también salió a relucir la asociación Mukira, liderada por Laura Aragón Castro y Luz Estela «Lucha» Castro, consejera de la Judicatura estatal, quien atraviesa un conflicto político y jurisdiccional por los procesos de selección de jueces y magistrados a su cargo.