Santiago Papasquiaro, Dgo.

El accidente ocurrió el 21 de noviembre de 2025, en una de las zonas serranas del municipio de Santiago Papasquiaro. Seis trabajadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) realizaban labores de campo cuando sufrieron un percance que cambió de manera irreversible la vida de ellos y de sus familias.

Las consecuencias fueron graves y humanas: una persona perdió la vida, otra enfrenta un diagnóstico médico con escasas probabilidades de volver a caminar, y una más perdió completamente la visión de un ojo, además de otros trabajadores con lesiones de consideración. Lejos de tratarse de un hecho aislado, el caso ha tomado relevancia pública por lo que los propios afectados califican como una falta de respuesta institucional posterior al siniestro.

De acuerdo con testimonios recabados entre familiares y compañeros de los lesionados, hasta el momento el INEGI no habría asumido de manera integral los gastos médicos, procesos de rehabilitación ni el acompañamiento legal correspondiente, situación que ha obligado a una de las víctimas a solicitar apoyo económico a la ciudadanía para continuar con su tratamiento.

Las familias señalan que, tras el accidente, la comunicación con la institución se volvió intermitente y limitada, generando un sentimiento de abandono que se suma al dolor físico, emocional y económico que enfrentan día con día. “No estamos hablando de cifras, estamos hablando de personas que estaban trabajando”, expresaron familiares consultados.

El caso resulta especialmente sensible por tratarse de una institución del Estado cuya función es documentar la realidad social del país, pero que según los denunciantes no ha dado una respuesta pública clara frente a la situación de su propio personal. Esta aparente omisión ha despertado cuestionamientos sobre los protocolos de atención, responsabilidad laboral y respaldo a trabajadores que realizan actividades en zonas de riesgo.

Especialistas en temas laborales consultados de manera independiente señalan que, en este tipo de accidentes, la atención médica, la rehabilitación y el acompañamiento legal no son concesiones, sino obligaciones derivadas de la relación laboral, por lo que el seguimiento del caso resulta indispensable para garantizar los derechos de las víctimas.

Hasta el cierre de esta edición, el INEGI no ha emitido un posicionamiento público detallado sobre las acciones emprendidas tras el accidente ocurrido en Santiago Papasquiaro. Las familias afectadas reiteraron su llamado a que la institución rompa el silencio, asuma su responsabilidad y brinde respuestas claras.

El caso sigue abierto, no sólo en el ámbito legal, sino en el plano social y moral. El silencio institucional, advierten los afectados, prolonga el daño y profundiza la herida.

Hoy, más que apoyo circunstancial, las víctimas exigen:

👉 responsabilidad, empatía y justicia.