Lo que Adrián Arreola creyó que sería un trámite para continuar con la plaza que dejó su padre terminó, según su denuncia, en un proceso lleno de presuntas irregularidades.

Afirma que le exigieron 130 mil pesos para asignarle la plaza, asegurándole que el dinero era para la Secretaría de Educación. Pero, de acuerdo con su versión, eso fue solo el inicio.

También señala que le prometieron un puesto administrativo y que finalmente fue enviado como intendente al municipio de Otáez. Además, asegura que durante sus primeros seis meses de trabajo tuvo que entregar la totalidad de su salario a la persona que presuntamente lo sustituía, realizando depósitos a una directora identificada como Liliana.

Ante estos hechos, Adrián Arreola presentó una denuncia por presunta extorsión e irregularidades laborales contra las personas que señala como involucradas.

Hasta el momento, se trata de señalamientos que deberán ser investigados por las autoridades competentes, quienes determinarán si existieron responsabilidades. Mientras tanto, el caso abre un nuevo debate sobre la transparencia en la asignación de plazas dentro del sistema educativo.