El diputado del PAN, César Rivas, presentó una iniciativa para reformar el artículo 55 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, con el objetivo de establecer como obligatoria la afiliación de todos los trabajadores municipales a un sistema de seguridad social. La propuesta busca corregir una problemática histórica que ha dejado sin protección laboral a miles de empleados en los 39 municipios.

Rivas explicó que, actualmente, entre el 30 y el 40% de los trabajadores municipales no cuentan con IMSS o ISSSTE, a pesar de desempeñar funciones esenciales para el funcionamiento de los servicios públicos. Señaló que hay empleados con más de 28 años de antigüedad que jamás han tenido acceso a atención médica, créditos de vivienda o la posibilidad de una pensión digna.

“Es preocupante que policías, personal de servicios públicos, administrativos y trabajadores que sostienen el día a día de los ayuntamientos no tengan seguridad social. Esto les impide construir un patrimonio y limita la estabilidad emocional y económica de sus familias”, afirmó.

La iniciativa plantea que todos los municipios deberán garantizar, sin excepciones, que su personal sea afiliado a un sistema de seguridad social que les otorgue atención médica, derecho a vivienda, cotización para pensión, incapacidades, prestaciones y protección laboral integral.

De aprobarse, los municipios deberán ajustar sus presupuestos y esquemas administrativos para cumplir con esta obligación, lo que representaría un avance significativo en la formalización del trabajo público municipal y en la protección de sus empleados.

Rivas destacó que la reforma generará certeza familiar, impulsará la economía de los hogares y permitirá que los trabajadores tengan una vida más digna después de años de servicio. “Todos trabajamos por nuestra familia. Esta iniciativa es justicia laboral para quienes han dedicado su vida al municipio y hoy carecen de derechos básicos”, expresó.

El legislador confió en que la propuesta contará con el respaldo de las y los presidentes municipales, al tratarse de un tema de dignidad, responsabilidad institucional y protección social para miles de duranguenses que durante décadas han laborado sin las garantías mínimas que establece la ley.

Por: Antonio Gaytán