La diputada local Georgina Solorio afirmó que el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP) en Durango es injusto y se mantiene debido a una omisión legislativa que se arrastra desde 2021, situación que sigue afectando directamente a familias de Lerdo y de otros municipios del estado.

Durante su participación en la Comisión Permanente del Congreso del Estado, la legisladora recordó que el 21 de agosto de 2021 se aprobó una reforma a la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Durango, con la finalidad de establecer una base de cobro más justa, proporcional y equitativa para el servicio de alumbrado público.

Dicho decreto fue publicado el 26 de septiembre de 2021 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado; sin embargo, nunca se ejecutó, lo que generó vacíos legales y contradicciones normativas que hoy permiten a algunos ayuntamientos cobrar de más a la ciudadanía.

Solorio señaló que esta omisión ha derivado en esquemas de cobro desproporcionados, en los que empresas con mayor capacidad económica pagan lo mismo que familias de escasos recursos. Como ejemplo, expuso que compañías como Siete Leguas pagan alrededor de 54 pesos mensuales por alumbrado público, mientras que una pareja de adultos mayores en una zona rural, con apenas un foco en su vivienda y sin alumbrado en su calle, paga exactamente la misma cantidad.

La diputada subrayó que este esquema viola los principios de proporcionalidad, equidad y justicia fiscal, además de que en muchos municipios se cobra como si existiera alumbrado público de primer nivel, cuando la realidad son calles oscuras, luminarias descompuestas y mayores condiciones de inseguridad.

Agregó que, en el caso de Lerdo, el recurso recaudado por el DAP no solo se destina al alumbrado público, sino también al pago de la energía eléctrica de dependencias municipales, lo que agrava la falta de transparencia en el uso de estos ingresos.

La legisladora recordó que la reforma de 2021 tuvo su origen en una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mediante la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el cobro del alumbrado público ligado al consumo eléctrico en las leyes de ingresos municipales del ejercicio fiscal 2020.

Ante este escenario, hizo un llamado a las y los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado para realizar un estudio exhaustivo de las leyes de ingresos de los 39 municipios y corregir de inmediato esta omisión legislativa.

Aclaró que no se trata de impulsar una reforma nueva, sino de exigir la ejecución de un decreto vigente desde 2021, cuyo incumplimiento constituye una omisión legislativa que debe corregirse para restituir la justicia fiscal a la ciudadanía.

Finalmente, Georgina Solorio afirmó que esta Legislatura tiene una responsabilidad histórica de cerrar el paso a la opacidad, enmendar errores del pasado y garantizar que las familias de Durango paguen lo justo por un servicio que debe traducirse en calles iluminadas, seguras y con menor impacto en la economía de los hogares.