El esquema de multas municipales previsto para 2026 generó un choque directo de posturas en la Comisión Permanente del Congreso del Estado de Durango, luego de que el diputado Osbaldo Santillán subiera a tribuna para cuestionar el enfoque de las sanciones anunciadas por el Ayuntamiento de Durango.

Santillán abrió el debate al advertir que recaudar no puede convertirse en sinónimo de castigar a la ciudadanía, especialmente en un contexto económico complejo para miles de familias. Señaló que no se puede exigir cumplimiento cuando existen colonias y fraccionamientos que carecen de servicios públicos dignos y eficientes.

Como ejemplo concreto, cuestionó la multa por no barrer el frente de una vivienda, al considerar que se trata de una sanción desproporcionada frente a la realidad económica de la población. Sostuvo que este tipo de medidas no corrigen conductas, sino que presionan directamente el bolsillo de las familias.

El legislador también advirtió que se pretende aplicar sanciones en fraccionamientos que aún no han sido municipalizados, donde los habitantes no cuentan con servicios ni certeza jurídica, pero sí enfrentan la posibilidad de ser multados. A su juicio, este enfoque termina trasladando el ajuste financiero del municipio a la ciudadanía.

La postura fue rebatida desde la misma tribuna por el diputado Fernando Rocha, quien pidió la palabra para responder y aclarar que las multas no son impuestos, sino sanciones que únicamente se aplican a quienes incumplen la ley.

Rocha sostuvo que quien respeta los reglamentos no paga multas y rechazó que se trate de un castigo generalizado contra la población. Afirmó que presentar las sanciones como un mecanismo de recaudación es una forma de confundir a la ciudadanía.

Además, recordó que el esquema de impuestos y aprovechamientos para 2026 fue analizado y aprobado por unanimidad del propio Congreso en diciembre, por lo que consideró que no se puede desconocer una decisión que contó con el aval de todas las fuerzas políticas.

El intercambio dejó un contraste claro entre dos criterios: uno que advierte que las multas pueden convertirse en una carga injusta si no van acompañadas de servicios públicos de calidad, y otro que defiende el cumplimiento estricto de la ley como base del orden municipal.

El tema cerró sin acuerdos, pero se convirtió en el momento de mayor confrontación política de la sesión, al tratarse de un asunto que impacta directamente en la vida cotidiana de los duranguenses rumbo a 2026.