La aprobación de la nueva Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales generó inquietud entre productores agrícolas y ganaderos. En Durango, muchas dudas se enfocaron en herencias, venta de parcelas con agua, bordos de abrevadero, registros nacionales permanentes y la autorización de nuevos pozos.

Para aclarar estos temas, el programa Aquí hay Campo invitó a Roberto Delgado, director local de la Comisión Nacional del Agua, quien explicó de manera detallada qué sí cambia y qué no cambia con la reforma.

Delgado inició aclarando que gran parte de la información que circula en redes sociales es falsa. Por ello presentó una lista de las mentiras más repetidas en el campo.

La primera es la idea de que ya no se podrán heredar terrenos con título de concesión. Delgado afirmó que esto es falso. Cuando una propiedad se hereda, Conagua expide un nuevo título a nombre de los herederos, manteniendo el mismo volumen, uso y localización del pozo.

También desmintió que ya no sea posible vender parcelas o ranchos con su concesión de agua. Si un productor vende su predio, Conagua actualiza el título a nombre del comprador sin modificar las condiciones del aprovechamiento.

Otra versión equivocada es que la ley criminaliza prácticas como hacer bordos, trasladar agua dentro del predio o tomar agua temporalmente de un río para terminar un riego. Esas actividades, dijo, siguen permitidas cuando se realizan sin afectar a terceros. Las sanciones van dirigidas a quienes han acaparado o explotado el agua de manera irregular.

También es falso que Conagua vaya a sancionar a quienes muevan agua en pipas dentro de sus propias tierras. Eso no se prohíbe. Lo que se regula es el transporte comercial indebido.

Sobre las ollas de captación de lluvia, aclaró que siguen permitidas. La supervisión aplica solo cuando se construyen estructuras que funcionan como presas privadas y secan ríos o afectan ecosistemas.

Delgado también negó que Conagua vaya a “quitar pozos domésticos”. La reforma no está dirigida a familias ni a productores que usan el agua dentro del marco legal.

Lo que sí cambia y lo que permanece para el campo

Delgado explicó que la nueva ley busca ordenar el uso del agua, garantizar el derecho humano al recurso y dar certeza jurídica a los usuarios. Recordó que el país vive una crisis hídrica: más de la mitad de los 653 acuíferos están sobreexplotados, 76 por ciento de los ríos presentan contaminación y las cuencas altas muestran deterioro por tala ilegal y abandono.

A ello se suma que la agricultura utiliza el 76 por ciento del agua concesionada en el país. En Durango la cifra sube al 83 por ciento, con pérdidas de hasta 55 por ciento por conducción y falta de tecnificación. Por ello destacó la necesidad de modernizar sistemas de riego, incorporar medidores ultrasónicos y nivelar tierras para mejorar la eficiencia.

También informó que el Distrito de Riego 017, en La Laguna, recibirá nueve mil millones de pesos en cuatro años para tecnificación, entubamiento y nivelación. Este programa permitirá un ahorro estimado de 200 millones de metros cúbicos anuales, fundamentales para impulsar proyectos como Agua Saludable.

Concesiones, registros, nuevos pozos y el fondo de reserva

Sobre los registros nacionales permanentes, Delgado aseguró que seguirán siendo válidos y reconocidos por Conagua. También conservarán beneficios como el subsidio a la energía eléctrica.

En cuanto a las prórrogas de pozos agrícolas y pecuarios, recordó que deben solicitarse seis meses antes del vencimiento. Se seguirán otorgando siempre que el acuífero no esté agotado.

Respecto a nuevos pozos, aclaró que sí pueden autorizarse cuando el acuífero tiene disponibilidad. En zonas donde los mantos están agotados no se otorgan nuevas concesiones. La única excepción es cuando el agua se requiere para consumo humano en alguna población.

Otro dato relevante fue el fondo de reserva de aguas nacionales. Delgado explicó que, a partir del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua, empresas como Coca-Cola, Biopapel, así como unidades y módulos de riego, devolvieron voluntariamente 10 por ciento del volumen concesionado. Este volumen se incorpora a las aguas nacionales y permite garantizar abastecimiento para ciudades o proyectos industriales sustentables.

Acciones ambientales y un caso emblemático de abuso

El director local mencionó un ejemplo que ilustró por qué la ley contempla sanciones en casos de acaparamiento. Recordó el caso de un exgobernador que retuvo ilegalmente más de un millón de metros cúbicos de agua, afectando a comunidades aledañas. “Ese tipo de abusos sí se sancionan”, señaló.

También habló del saneamiento del río Tunal. Conagua realizó cinco jornadas de limpieza en los 20 kilómetros más contaminados del cauce. En algunos tramos de apenas cinco metros llegaron a retirar hasta tres camiones llenos de basura. Estas acciones se complementan con desazolve, control biológico del lirio acuático y coordinación con el municipio para rehabilitar plantas de tratamiento y avanzar en la construcción de colectores. La meta es sanear por completo los tramos afectados en 2026.

Delgado insistió en que cuidar ríos y cuencas es indispensable para garantizar agua en el futuro. Señaló que la invasión de zonas federales, la contaminación y la tala ilegal afectan directamente la disponibilidad del recurso en el estado.

Antes de concluir, reiteró su mensaje central: “Son mentiras que buscan generar miedo. La ley no quita pozos, no impide heredar, no frena la venta de tierras, no prohíbe las ollas de captación y no criminaliza al productor”.

Pidió a los agricultores y ganaderos informarse directamente con Conagua y no basarse en rumores. Aseguró que la dependencia mantiene las puertas abiertas para atender dudas y acompañar al campo en una transición hacia un manejo del agua más eficiente, ordenado y sostenible.

Por: Antonio Gaytán