Con el objetivo de crear un instrumento de diálogo intercultural y de construcción de consensos entre el estado y las comunidades indígenas; se presentó la iniciativa para crear la Ley de consulta previa, libre e informada de los pueblos y comunidades indígenas para el estado de Durango, así como una reforma a la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, expuso la diputada Sandra Luz Reyes Rodríguez.

Destacó que en relación con la participación que debe ejercer la ciudadanía, la inclusión es la causa de una gestión pública socialmente comprometida, que abarca las opiniones de quienes pueden y deben participar, al mismo tiempo que reconoce desigualdades y promueve un desarrollo equitativo de los miembros de la comunidad.

Los gobiernos deben velar porque siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual, cultural y sobre el medio ambiente, que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas.

Importancia de las consultas

La diputada abundó, que las consultas son procedimientos para obtener opiniones y propuestas sobre las medidas legislativas, y políticas públicas que en materia indígena pretende llevar a cabo el estado, en las regiones tradicionales de asentamiento indígena, con el propósito de alcanzar acuerdos o su consentimiento con relación a dichas medidas y políticas.

En nuestra entidad, aun cuando existe una normatividad local en la materia, y que se han realizado diversas consultas con las comunidades indígenas del estado; persiste la necesidad de mejorar el marco jurídico en la materia de consulta indígena.

Se debe considerar que la población indígena del estado es de aproximadamente 48 mil personas, cifra cercana al tres por ciento de la población total.  Por esto, se tiene la necesidad de que la entidad cuente con un instrumento jurídico que le permita dar pleno cumplimiento a la obligación de consultar a los pueblos y comunidades indígenas, sobre bases uniformes y claras, con normas que regulen y trasparenten dichos procesos, para que los mismos tengan credibilidad y legitimidad que genere la construcción de amplios consensos entre el estado y los propios pueblos y comunidades indígenas, finalizó.

Por: Brenda Maurer

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