En el Congreso del Estado, hemos atendido al seno de la Comisión de Responsabilidades, a regidores y ciudadanos de varios municipios por asuntos de inconformidad en el cómo se lleva la administración por el alcalde o alcaldesa. Puedo decir que el único caso que lleva un proceso de juicio político, que podría próximamente concluir, es el del municipio de Nazas; hay que señalar que no todos pueden llegar al desafuero, expuso Ricardo López Pescador, coordinador de los diputados priistas.

El único asunto que está por concluir es la solicitud de desafuero (juicio político) que hizo el Fiscal Anticorrupción para la alcaldesa del municipio de Nazas. Los demás, son asuntos que les hemos dicho a los regidores que el Congreso no puede directamente intervenir y que tienen que ir directamente a la fiscalía anticorrupción y revisar la situación directamente con los órganos de fiscalización internos.

Hay que subrayar que el Congreso solo puede intervenir para cuestiones de juicio político o bien para un desafuero en casos graves. El Congreso no es una ventanilla de primera instancia. Para proceder en contra de funcionarios que fueron electos popularmente por el voto de los ciudadanos, tienen que ser procesos muy bien fundamentados y documentados.

Qué sanciones hay

Ricardo López, aseguró que los diputados están dispuestos a hacer lo que les toca; sin embargo, hasta ahora, solamente el caso de Nazas es el único que, si tiene un proceso en la comisión de responsabilidades y ha avanzado en varias instancias y, probablemente antes de que termine el periodo ordinario de sesiones, se resuelva.

Agregó, que en los otros temas que corresponden al municipio de Tlahualilo y Mapimí, tiene otra naturaleza, ya que son diferentes los agravios que los regidores y la población sienten de parte de la persona que gobierna. Pero estos, están en otras instancias y no en el sentido de una decisión pronta de parte del Congreso.

Finalmente, señaló que “algo está mal” en esos municipios, pero se puede recurrir a una sanción administrativa, o bien irse por la vía penal, pero no necesariamente se tiene que quitar al presidente o presidenta municipal porque eso implica llevra un juicio político.

Por: Brenda Maurer

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