La diputada local de Morena, Delia Leticia Enríquez Arriaga, confirmó que la iniciativa para la despenalización del aborto en Durango será sometida a votación en el Pleno del Congreso del Estado durante el próximo periodo ordinario de sesiones.

La legisladora señaló que el dictamen ya existe y se encuentra en revisión, por lo que, una vez concluida la Comisión Permanente, el tema deberá pasar al Pleno. Afirmó que el proceso legislativo está en orden jurídico y legal.

Enríquez Arriaga explicó que, hasta ahora, se cuenta con los votos de Morena y que falta concretar el respaldo del Partido Verde Ecologista de México y posiblemente de alguna otra fracción parlamentaria, para evitar que la iniciativa se apruebe por un margen mínimo.

Aclaró que la propuesta no busca legalizar el aborto, sino únicamente despenalizarlo, para que las mujeres no sean enviadas a prisión por interrumpir un embarazo, al tratarse de un tema de derechos humanos y no de conveniencia política.

La diputada criticó la postura del coordinador del grupo parlamentario del PAN, Alejandro Mojica, a quien acusó de pretender que el tema no se aborde y quede detenido de manera indefinida. Señaló que, aunque a algunos legisladores les gustaría dejarlo sin discusión, se trata de un asunto que tiene que resolverse en el Pleno.

Respecto a la opinión ciudadana, Enríquez Arriaga reconoció que no existen datos claros ni estadísticas oficiales sobre cuántos abortos se realizan en Durango, lo que dificulta un análisis más preciso del impacto social del tema. Aun así, sostuvo que la discusión no debe centrarse en percepciones, sino en la protección de los derechos de las mujeres.

Añadió que durante el proceso se han escuchado tanto a grupos provida como a colectivos feministas, y no descartó que se realicen nuevas mesas de trabajo si se presentan propuestas o información adicional antes de la votación en el Pleno.

Finalmente, reiteró que la maternidad debe ser libre y deseada, y que el debate legislativo debe avanzar con responsabilidad, sin postergar indefinidamente una decisión que, afirmó, el Congreso está obligado a tomar.