El Congreso de Durango aprobó por unanimidad la Ley 3de3 contra la violencia hacia las mujeres, una reforma histórica que impedirá que agresores, deudores alimentarios o violentadores accedan a cargos públicos. Esta modificación a la Constitución del Estado representa un paso firme hacia la justicia y la protección de los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes.

La Ley 3de3 nace de la unión de propuestas del PAN y Morena, dictaminadas por la Comisión de Puntos Constitucionales, y busca garantizar que ningún agresor ocupe el poder.

La diputada Sandra Amaya Rosales expresó que esta ley evitará que los cargos públicos sean ocupados por personas irresponsables:

• “Damos un paso gigantesco para proteger a niñas, niños y adolescentes.”

• “Hoy les puedo decir que lo logramos”, afirmó.

• Reconoció además a sus compañeros de comisión por su trabajo y votó a favor del dictamen, destacando que se trata de un acto de justicia para la infancia duranguense.

Por su parte, el coordinador de los diputados del PAN, Alejandro Mojica, enfatizó que esta reforma va más allá de una armonización legislativa.

• “¡Ya basta de simulaciones!”, declaró.

• “Quien aspire a gobernar deberá empezar por respetar”, sentenció.

• Mojica sostuvo que la Ley 3de3 es una respuesta a compromisos internacionales como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará, y responde a la reforma del artículo 38 de la Constitución Federal.

El dictamen fortalece el marco constitucional de Durango, y representa una medida clara contra la impunidad. Además, establece que nadie que haya atentado contra la vida, integridad o dignidad de otros puede tener cabida en el servicio público.

Con esta acción, Durango envía un mensaje contundente: quienes violenten, agredan o incumplan con sus deberes básicos no podrán representar al pueblo.

Por: Antonio Gaytán