1. La iniciativa busca que personas privadas de la libertad sigan cumpliendo con sus obligaciones alimentarias

Por unanimidad, el Congreso del Estado aprobó enviar al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para garantizar que las personas privadas de la libertad continúen cumpliendo con el pago de pensión alimentaria en favor de sus hijos y dependientes.

La propuesta plantea que el sistema penitenciario del país implemente mecanismos que permitan asegurar el cumplimiento de estas obligaciones, evitando que la reclusión se convierta en un motivo para abandonar la responsabilidad familiar.

Durante la discusión del dictamen, el diputado Fernando Rocha Amaro señaló que actualmente existe un vacío que afecta principalmente a niñas, niños y adolescentes cuando uno de los padres es privado de la libertad.

“La realidad nos ha mostrado un vacío que no podemos ignorar. Cuando una persona es privada de su libertad, sus obligaciones alimentarias con frecuencia quedan relegadas, como si la reclusión significara también el abandono de su responsabilidad familiar, y eso no puede permitirse”, expresó.

El legislador explicó que la iniciativa busca fortalecer la protección de la infancia y garantizar que el cumplimiento de las obligaciones alimentarias continúe incluso dentro del sistema penitenciario.

“Una reinserción auténtica no puede construirse sobre el abandono familiar. Una sociedad justa no puede permitir que los hijos paguen el costo de las omisiones de los adultos”, afirmó.

Rocha Amaro destacó que esta reforma coloca en el centro el interés superior de la niñez y refuerza el principio de que la responsabilidad de cuidar y sostener a los hijos no desaparece bajo ninguna circunstancia.

Finalmente, subrayó que garantizar el pago de pensión alimentaria desde prisión contribuiría a evitar la desprotección de las familias y fortalecer los procesos de reinserción social de las personas privadas de la libertad.

La iniciativa fue enviada al Congreso de la Unión para su análisis y eventual discusión como parte del proceso de reforma constitucional.