• El Estado debe ser aliado de la conectividad y no un obstáculo, señaló Ricardo Garza Mar en los conversatorios organizados por el Senado, sobre la nueva Ley de Telecomunicaciones.

En el contexto del Cuarto Conversatorio para analizar el proyecto de decreto por el que se expide la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión: el Servicio Público de Radiodifusión, el licenciado Ricardo Garza Mar, miembro del consejo administrativo del Grupo Garza Limón, expuso un diagnóstico contundente sobre la situación crítica que enfrentan los medios tradicionales en México y propuso una serie de reformas legales para dar certidumbre, equidad y futuro a la industria.

El evento, moderado por el senador de Morena Javier Corral Jurado, forma parte de una serie de encuentros convocados por el Senado de la República para recoger las voces del sector público, privado y social en torno a la nueva legislación en materia de telecomunicaciones, que busca establecer una política integral en favor del acceso universal a internet, la pluralidad mediática y la soberanía digital.

Una industria en crisis

Desde el inicio de su intervención, Ricardo Garza fue enfático: la radio y la televisión atraviesan la peor crisis de su historia, enfrentando una pérdida acelerada de audiencias a manos del internet, que ha transformado radicalmente los hábitos de consumo y ha puesto en jaque la rentabilidad del modelo tradicional.

“El internet ha pulverizado las audiencias, las fábricas han dejado de producir radios, y hoy los vehículos son de las pocas fuentes de recepción, aunque incluso ahí, plataformas como Apple Car y Android Audio complican cada vez más la sintonización”, explicó.

A ello se suma que las nuevas generaciones han migrado casi por completo a plataformas digitales, dejando en desventaja a los medios que históricamente han sido pilares de la información, la cultura y la identidad nacional.

Propuestas para revitalizar el sector

Frente a este panorama, Garza propuso una hoja de ruta concreta, dividida en tres ejes prioritarios:

1. Modernización tecnológica obligatoria

Garza planteó la necesidad de retomar políticas públicas similares a las que en su momento impulsaron la entrega de televisores con capacidad de Televisión Digital Terrestre (TDT). Esta vez, sugiere trabajar con los fabricantes de smartphones para habilitar de forma obligatoria el receptor de radio FM, lo cual permitiría dotar a millones de personas de acceso gratuito a información en tiempo real, sin necesidad de conectividad de datos móviles.

2. Racionalización de frecuencias y espectro

Destacó que, por primera vez en décadas, se han devuelto concesiones de radio y televisión por inviabilidad económica. Por ello, propuso establecer límites objetivos en el número de frecuencias comerciales, basados en el tamaño de los mercados, para evitar saturaciones que hagan inviable la competencia.

Asimismo, insistió en la necesidad de abrir el espectro 5G a concesionarios locales, bajo reglas claras, condiciones equitativas y mecanismos que impidan la concentración en pocas manos. El espectro, dijo, debe entenderse como una herramienta para cerrar la brecha digital, no como un simple instrumento de recaudación.

3. Reducción de barreras legales: derechos de vía

Uno de los principales obstáculos que enfrentan las empresas locales para expandir redes de telecomunicaciones es el costo de los derechos de vía. Garza denunció que estos pueden llegar a duplicar el costo de las inversiones en zonas marginadas, debido a tarifas arbitrarias impuestas por autoridades federales, estatales y municipales.

Por ello, solicitó que la nueva ley incluya un marco normativo nacional, vinculante y transparente, que establezca:

• Tarifas máximas

• Tasa cero para comunidades de alta marginación

• Procedimientos uniformes

• Plazos obligatorios para las autoridades

“Los pequeños operadores hemos tendido decenas de miles de kilómetros de red con nuestras propias manos. Podemos hacer mucho más si el Estado deja de ser un obstáculo y se convierte en nuestro aliado”, afirmó.

Piso parejo y autonomía regulatoria

Garza también se refirió a la necesidad de garantizar condiciones de equidad para los operadores locales, que históricamente han carecido de voz en las decisiones regulatorias, pero han sufrido las consecuencias de políticas injustas y sanciones desproporcionadas.

Criticó que la iniciativa de ley contemple una agencia reguladora dependiente del Ejecutivo Federal, y propuso que ésta cuente con un consejo técnico independiente, conformado por especialistas, sociedad civil y representantes de las empresas locales.

“La regulación no debe estar sujeta a vaivenes políticos ni a presiones de las grandes corporaciones. Requerimos reglas claras, decisiones basadas en evidencia y una verdadera inclusión del talento local”, sostuvo.

Llamado al Senado

En el cierre de su intervención, Garza Mar hizo un llamado directo a las y los senadores: “El pueblo ha confiado en ustedes como sus representantes. Ahora les pedimos que confíen en el pueblo para resolver el problema de la comunicación”.

Aseguró que las empresas locales son la única vía no explorada para llevar conectividad a los rincones más olvidados del país, y advirtió que si no se fortalece su papel desde la legislación, se corre el riesgo de profundizar la desigualdad digital y perder la pluralidad mediática.

“No pedimos regalos. Pedimos herramientas. Queremos participar en la solución y tenemos con qué hacerlo”, concluyó.

Visiones complementarias: medios públicos y comunitarios en la ley

Durante el mismo conversatorio, otros participantes destacaron la necesidad de reconocer a las radios públicas, comunitarias e indígenas como actores iguales a las concesiones comerciales, ya que enfrentan severas limitaciones técnicas, presupuestales y legales para cumplir su función social.

Irina Ivonne Vázquez Zurita, directora de 106.9 FM y Canal 13 de TDT, subrayó que no se puede exigir condiciones iguales si no se han superado décadas de rezago estructural. “Hay un reconocimiento formal, pero no hay condiciones equitativas para que estas radios ejerzan plenamente el derecho a la información”, indicó.

Primavera Téllez Girón, coordinadora de la Red por la Libertad de Expresión Contra la Violencia a Comunicadores, advirtió que el modelo público de comunicación sigue sin contar con libertad editorial ni autonomía financiera. “No hay garantía presupuestaria para los medios públicos en la ley”, lamentó.

El experto en telecomunicaciones José Gabriel Gutiérrez Lavín propuso unificar el tratamiento regulatorio de todas las concesiones, con los mismos derechos y obligaciones, para evitar desigualdades.

Desde Oaxaca, Puebla, Hidalgo y Michoacán, Adolfo Arias, representante de radios comunitarias, propuso una plataforma digital nacional para trámites, acceso justo al espectro y que el 20% de la publicidad oficial se asigne a medios comunitarios.

Las senadoras Alejandra Barrales (MC) y Carolina Viggiano (PRI) y el senador Raúl Morón (Morena) también expresaron preocupaciones sobre las condiciones precarias en que operan los medios públicos y comunitarios, la violencia contra comunicadores y el riesgo de que la nueva ley concentre atribuciones en el Ejecutivo.

Con estos llamados, el Senado cierra la fase de conversatorios con un consenso: la nueva ley debe garantizar pluralidad, piso parejo y herramientas para todos los actores del ecosistema mediático, desde las grandes cadenas hasta los pequeños medios locales e indígenas.

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Por: Antonio Gaytán