El Congreso del Estado de Durango aprobó por unanimidad un paquete de reformas a la Ley de las Mujeres para una Vida sin Violencia y a la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado, con el propósito de fortalecer la prevención, atención y sanción de la violencia de género, así como garantizar la igualdad sustantiva en todos los niveles de gobierno.

El dictamen fue presentado por la Comisión de Igualdad de Género y representa un paso importante en la actualización del marco jurídico estatal, con el fin de armonizar las leyes locales con los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres.

Las reformas establecen la obligación de que las instituciones públicas estatales y municipales implementen protocolos de atención inmediata y coordinada en casos de violencia, a fin de garantizar la respuesta oportuna de las autoridades de seguridad, salud, justicia y bienestar social. También prevén capacitación obligatoria y permanente para el personal encargado de atender a víctimas, con un enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y prevención de la revictimización.

Además, se fortalecen los Consejos Municipales de Igualdad de Género, dotándolos de facultades más amplias para diseñar estrategias preventivas, promover la participación ciudadana y supervisar la aplicación de políticas públicas en materia de igualdad y combate a la violencia.

Entre los puntos más relevantes destaca la adición de un párrafo al artículo 20 Sexies de la Ley de las Mujeres, que garantiza que las víctimas de violencia reciban atención integral, continua y especializada, desde el momento de la denuncia hasta su recuperación, incluyendo acompañamiento psicológico, jurídico y social.

De igual manera, se promueve la creación de mecanismos de evaluación y seguimiento que permitan medir la eficacia de los programas y políticas de igualdad, con base en indicadores de impacto social y transparencia presupuestal.

La Comisión de Igualdad de Género subrayó que este esfuerzo legislativo responde a una demanda constante de la sociedad civil y de las colectivas feministas que han pedido mayor efectividad institucional para enfrentar la violencia contra las mujeres, una problemática que sigue siendo alarmante en la entidad.

De acuerdo con el Instituto Estatal de las Mujeres, más del 70 por ciento de los casos de violencia registrados en Durango ocurren en el ámbito doméstico, y la mayoría de las víctimas no denuncian por miedo o por desconocimiento de los canales de apoyo.

Las reformas aprobadas también refuerzan la colaboración con el Poder Judicial del Estado, la Fiscalía General y los ayuntamientos, para garantizar la correcta aplicación de medidas de protección, la agilización de procesos judiciales y la integración de datos estadísticos que ayuden a diseñar políticas públicas más efectivas.

Con esta actualización normativa, el Congreso busca consolidar una política estatal de cero tolerancia a la violencia de género, impulsando además campañas permanentes de sensibilización social y educación en igualdad desde las escuelas.

El Poder Legislativo destacó que estas reformas también se enmarcan en los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, particularmente en el Objetivo 5, que busca lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.

Finalmente, la LXX Legislatura refrendó su compromiso de avanzar hacia un Durango libre de violencia, donde las mujeres puedan desarrollarse plenamente en condiciones de seguridad, respeto y justicia.

Por: Antonio Gaytán