La diputada local Rocío Rebollo, integrante de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, advirtió que los municipios que no solventen las observaciones realizadas por la Auditoría Superior del Estado podrán enfrentar procedimientos legales que escalen hasta la Fiscalía Anticorrupción.

La legisladora explicó que durante el actual periodo legislativo se analizaron las cuentas públicas del ejercicio 2024, mientras que el próximo año corresponderá la revisión de las cuentas públicas 2025, un ejercicio marcado por cambios de alcaldes y alcaldesas, tanto por alternancia política como por reelección.

En ese contexto, Rebollo hizo referencia a los procesos de entrega–recepción de los ayuntamientos, al señalar que en algunos casos no se realizó correctamente la entrega de documentación financiera, estados de cuenta, expedientes técnicos y otra información indispensable para acreditar el manejo de los recursos públicos.

Durante la entrevista, al ser cuestionada sobre municipios con pendientes, la diputada mencionó como ejemplos a Mapimí y Nazas, y posteriormente a Tlahualilo, al explicar que existen ayuntamientos que aún enfrentan observaciones relacionadas con la entrega–recepción y la solventación de irregularidades administrativas.

Detalló que el procedimiento institucional es claro: la Auditoría emite observaciones y exhortos para que estas sean solventadas dentro de los plazos establecidos; si no hay respuesta, los expedientes se turnan al Tribunal Administrativo y, de persistir el incumplimiento, pueden derivar en denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción, con posibles consecuencias legales.

La diputada confirmó que inicialmente eran cuatro los municipios con irregularidades en este proceso y que, al momento de la entrevista, tres continuaban sin haber solventado completamente las observaciones, principalmente relacionadas con la falta de documentación en la entrega–recepción.

Subrayó que las nuevas autoridades municipales tienen el derecho de denunciar cuando no reciben información completa, ya que de lo contrario podrían asumir responsabilidades administrativas o legales que no les corresponden. Añadió que no atender este procedimiento puede convertir a las autoridades entrantes en corresponsables de omisiones heredadas.

Finalmente, Rebollo sostuvo que la revisión de cuentas públicas y la eventual intervención de la Fiscalía Anticorrupción forman parte de un proceso institucional de rendición de cuentas, especialmente relevante en ejercicios donde hubo transición en los gobiernos municipales.

Por: Antonio Gaytán